Será el destino, será el karma... o será el sereno, pero el asunto es que, todo indica, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mala suerte con los trenes. En mayo de 2021, cuando era jefa de Gobierno de la CDMX, se desplomó la Línea 12 del Metro, dejando un saldo de 26 personas fallecidas, y anteayer se descarriló un convoy del Tren Interoceánico, en la sierra de Oaxaca, cobrando 13 vidas. En ambos casos, para complicarle aún más la existencia, se ha tratado de obras realizadas por antecesores suyos, del mismo bando político, lo cual le ha impedido echar mano del recurso más sencillo de todos: culpar al pasado.

II. ¿PUNTO DE QUIEBRE?

En el caso presente el asunto es aún peor: la obra fue realizada durante el sexenio de su mentor y padrino, Andrés Manuel López Obrador, de quien no ha mostrado la menor intención de deslindarse. Tal hecho refuerza la teoría de que, al final, el dictamen pericial se inclinará a explicar el incidente a partir del “error humano”. ¿O será que este hecho va a marcar el punto de quiebre entre la actual administración y la anterior? Hagan sus apuestas.

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III. KAPUT

Donde sí se marcó la distancia –aunque nadie lo dirá así oficialmente– es en la administración municipal de Saltillo, cuyo actual Cabildo decidió liquidar definitivamente el Instituto Municipal de la Vivienda de Saltillo, organismo teóricamente creado –en la recta final de la administración de Chema Fraustro– para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores municipales. Aquí se lo comentamos desde julio del año pasado, cuando se anunció su creación: se trataba de un “elefante blanco” que no podría cumplir sus funciones porque nunca tendría los recursos para ello.

IV. ¿Y LAS CASAS?

Y, la verdad sea dicha, el mentado Instituto nunca terminó de nacer en los hechos pues, aunque se creó en el papel y se le dotó de personalidad jurídica, no alcanzó siquiera a contar con un titular en forma. Julio César Rodríguez Aguirre, quien fue en su momento señalado para el encargo, no alcanzó a sentarse en la silla y ahora ha sido comisionado para encargarse del proceso de liquidación. La pregunta, sin embargo, sigue en el aire: ¿cómo le van a garantizar el derecho a la vivienda a los empleados del Municipio?

V. A LA BÁSCULA

Y en los terrenos municipales andando, nos cuentan que al agotarse el primer año de los actuales ayuntamientos, uno de los productos que la Auditoría Superior del Estado de Manuel Ramírez Briones ha generado –y que ya se comparte con los alcaldes– es una evaluación sobre el desempeño de quienes se encuentran al frente de los órganos internos de control. Y, nos aseguran, son varios los que no salen bien librados en el resultado del examen que, entre otras cosas, mide sus conocimientos técnicos, así como la forma en que atendieron los aspectos complejos de su tarea durante el primer año del ejercicio constitucional.

VI. REPROBADA

Entre quienes no la libran en la evaluación, cuentan los que conocen los detalles, se encuentra Patricia Peña, contralora municipal de Saltillo, de quien se cuestiona, sobre todo, la capacidad técnica para ejercer el cargo. No hacía falta, por cierto, que la ASE dictaminara tal hecho pues, nos dicen, puertas adentro de la administración, si algo se comenta –y en voz no tan baja– es que pocos se explican cómo llegó Peña a dicho cargo para el cual ha demostrado no tener aptitudes.

VII. HÉROES VICTIMADOS

Los paisanos que viven en Estados Unidos y visitan a sus familias con motivo de las fiestas decembrinas, han sido históricamente atracados –literalmente– por quienes debieran asegurarles un ingreso y estancia segura en el país. Pero se suponía que con el arribo de la cuatroté, que los ha elevado –en el discurso nada más– a la categoría de héroes, la historia cambiaría. Nada más alejado de la realidad, como lo muestran los videos que han circulado en redes sociales en las últimas horas, en los cuales aparecen elementos al mando de Hugo Gutiérrez y Ernestina Godoy asaltando sin el menor escrúpulo a quien se puede, bajo amenaza de montarle un delito y confiscarle su unidad.

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VIII. ALGO ES ALGO

Al menos en el caso de Coahuila, la Fiscalía de Federico Fernández reaccionó ayer mismo y dio a conocer que los elementos involucrados en el incidente ocurrido en el arco de seguridad de Ramos Arizpe –y que habría ocurrido en noviembre pasado– fueron separados del cargo y sometidos a un procedimiento que, asimismo, terminará en sanción. ¿Y la Fiscalía General de la República? Pues nada más no dicen –ni hacen– nada.

IX. OPORTUNIDAD

No es la primera ocasión, conviene recordarlo, que se denuncia el proceder gangsteril de los elementos de la FGR en la Región Sureste de Coahuila, específicamente de los pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal, quienes con frecuencia instalan retenes que, lejos de servir para la investigación de delitos o para combatir al crimen organizado, se han convertido en auténticos “puntos de extorsión”. La denuncia pública que se ha convertido en escándalo de cierre del año, es una buena oportunidad para que el coahuilense David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se anote un buen punto metiendo en cintura a los descarriados...