Por qué la financiación climática no es suficiente

Por Laura Carvalho, Project Syndicate.

SAN PABLO – A medida que se acerca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) en Belém, Brasil, está claro que el compromiso mundial ampliamente compartido de lograr una transición energética justa se está quedando en el camino. En el año transcurrido desde que los gobiernos firmaron el acuerdo en la COP29 para aumentar la financiación climática, con el objetivo de movilizar 1.3 billones de dólares anuales para 2035, los países ricos se han ido retractando de sus promesas financieras. Y lo que es peor, estas señales de mala fe llegan justo cuando aumentan los costos de la adaptación climática y la descarbonización en los países en desarrollo.

Si el Norte Global ya no está dispuesto a cumplir sus promesas de financiación, cosa que hoy parece una certeza, de todas maneras, puede demostrar su buena fe a través de otra forma de solidaridad: compartir el conocimiento, la tecnología y la propiedad intelectual que sustentan la transición verde.

No es algo que pueda aplazarse. La transición hacia una economía verde ya está reproduciendo las mismas asimetrías que han caracterizado desde hace tiempo el comercio global. En lugar de fomentar el desarrollo inclusivo, la política climática se ve cada vez más condicionada por medidas proteccionistas y regímenes de propiedad intelectual que afianzan los monopolios tecnológicos en el Norte Global. Por ejemplo, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea puede presentarse como una salvaguarda contra la fuga de carbono, pero también ilustra cómo la política climática puede utilizarse para justificar medidas comerciales proteccionistas.

Asimismo, la reciente denuncia de China contra India por sus subsidios a los vehículos eléctricos y las baterías muestra cómo las políticas industriales ecológicas se están convirtiendo cada vez más en motivo de disputas comerciales. En conjunto, estos acontecimientos señalan una creciente tensión entre los objetivos climáticos y las normas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Las medidas para abordar el cambio climático pronto podrían convertirse en un nuevo impulso para la exclusión económica?

En el centro de esta cuestión se encuentra un marcado desequilibrio: las grandes potencias como China, Estados Unidos y la UE producen tecnologías verdes de alto valor, mientras que la mayoría de los países en desarrollo se ven obligados a exportar materias primas verdes de bajo valor, principalmente minerales críticos. Esto refleja la división del trabajo de la época colonial, en la que el Sur Global suministraba materias primas y el Norte aportaba innovación, monopolizaba la producción y obtenía los mayores beneficios.

Los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ponen de relieve la profundidad de esta brecha. Las patentes verdes (relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la adaptación climática) se concentran de forma abrumadora en un puñado de países, como China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Entre 2000 y 2024, las diez principales economías concentraron casi el 90% de las solicitudes de patentes internacionales en tecnologías solares y eólicas. Brasil, a pesar de ocupar el sexto lugar a nivel mundial en capacidad eólica instalada, solo contribuyó el 0.4% de las patentes eólicas mundiales. En el caso de la energía solar, su participación fue de apenas el 0.19%.

Esta concentración tecnológica no es casual. Es el resultado de un régimen global de propiedad intelectual que privilegia los beneficios de los monopolios sobre los bienes públicos. Los esfuerzos por fomentar una mayor coordinación mundial, incluso a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no han logrado resolver el problema fundamental.

Sin acceso a tecnologías asequibles, el Sur Global no puede participar plenamente en la transición climática. Peor aún, el sistema actual corre el riesgo de encerrar a los países en desarrollo en una nueva forma de dependencia, suministrando los minerales para las baterías y los paneles solares, pero sin disponer de los medios para producirlos.

La financiación climática no basta para romper este ciclo. En cambio, las transferencias de tecnología y las reformas del régimen global de propiedad intelectual deben ocupar un lugar central en las negociaciones sobre el clima. Si bien la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el acuerdo climático de París así lo reconocen, se han logrado pocos avances.

Afortunadamente, existe un precedente para los cambios necesarios. Ya en la década de 2000, Brasil desempeñó un papel fundamental al categorizar el acceso a los medicamentos contra el VIH/SIDA como un bien público, en lugar de como una mercancía regida únicamente por los derechos de propiedad intelectual. Este cambio fue impulsado por una combinación de acciones jurídicas, políticas y de la sociedad civil que desafiaron el régimen global de patentes farmacéuticas y dieron prioridad a la salud pública.

Como ha argumentado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, estos mecanismos son esenciales para corregir los fallos del mercado y garantizar un acceso equitativo a la innovación. Por eso, la Corte Internacional de Justicia, en su reciente opinión consultiva sobre el cambio climático, subrayó la obligación de todos los estados de cooperar -más allá de la provisión de financiación- en el desarrollo y la difusión de tecnologías verdes, entre otras cosas compartiendo conocimientos y participando en transferencias de tecnología.

El Programa de Implementación Tecnológica que se acordó en la COP28 ofrece un medio para fomentar dicha cooperación. Bajo el liderazgo de Brasil en la COP30, el PIT puede convertirse en una plataforma para fortalecer los sistemas nacionales de innovación, permitiéndoles a los países adaptar las tecnologías a los contextos locales y desarrollar capacidades para soluciones climáticas. La idea es utilizar una combinación de fondos públicos y privados para apoyar proyectos piloto y, a continuación, ampliar aquellos que demuestren su eficacia.

Por ejemplo, podríamos apoyar un proyecto piloto que busque producir fertilizantes bajos en carbono utilizando hidrógeno verde. En la actualidad, el amoníaco -el insumo clave para los fertilizantes nitrogenados- se fabrica utilizando hidrógeno derivado de combustibles fósiles, razón por la cual este sector es responsable de aproximadamente el 1%-2% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al sustituir el hidrógeno de origen fósil por hidrógeno renovable (verde), la misma producción de amoníaco generaría muchas menos emisiones, a la vez que ofrecería una solución escalable y adaptable a las necesidades locales. Si el proyecto piloto tiene éxito en este sector de difícil descarbonización, creará un modelo replicable para otros países.

La presidencia brasileña de la COP30 puede unir al Sur Global en torno a una visión del PIT que ofrezca justicia climática a través de la innovación. No se trata solo de una agenda técnica, sino política. Solo si los países tienen acceso a las tecnologías verdes podrán crear la capacidad que necesitan. Y al ayudar al resto del mundo a descarbonizarse, los países ricos se estarán ayudando a sí mismos. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Laura Carvalho es directora de Prosperidad Económica y Climática en Open Society Foundations y profesora asociada de Economía en la Universidad de São Paulo.