Premios, encuestas y portadas: La fabricación del liderazgo del político de ocasión

La venta de prestigio político en México se ha normalizado y constituye una práctica que debería escandalizar a cualquier ciudadano mínimamente atento a la vida pública. Revistas, portales y supuestas consultorías especializadas ofrecen portadas, rankings, premios y reconocimientos que se presentan como una evaluación objetiva del liderazgo, cuando en realidad funcionan como propaganda política pagada, maquillada para parecer mérito.

Son los excesos del marketing político y la distorsionada visión del noble oficio de la política por los políticos de ocasión. Un mecanismo sistemático de simulación, cuyo objetivo es fabricar popularidad artificial, generar percepción de consenso y posicionar figuras públicas como bien evaluadas o liderazgos del momento, sin que medie una evaluación social real.

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El negocio del reconocimiento es un mecanismo tan simple como eficaz. Se ofrece al político –o a su equipo– una narrativa favorable: una portada, una entrevista complaciente, un premio, una mención en un ranking. A cambio, hay un pago. No se le llama publicidad, se le llama distinción, evaluación o reconocimiento. Porque el lenguaje es parte del engaño.

La metodología, cuando existe, suele ser opaca, no replicable y carente de rigor científico. No hay muestras claras, no hay instrumentos públicos, no hay responsables identificables. Sin embargo, el producto final se difunde como si fuera evidencia del respaldo ciudadano. El resultado es una ficción de legitimidad. Muy básico todo. De manual. Ad hoc para advenedizos y primerizos.

Desde la sociología política, esto no es otra cosa que la compra de capital simbólico, es convertir dinero en prestigio y prestigio en poder político. La revista o consultoría presta su supuesta autoridad; el político obtiene una imagen de liderazgo que luego recicla en discursos, redes sociales y propaganda oficial.

Con la propaganda encubierta y la distorsión democrática aparece un problema mayor, esta práctica no es sólo éticamente cuestionable, además es jurídicamente problemática. Por ejemplo, en el ámbito electoral, la ley distingue claramente entre información periodística y propaganda política. Cuando un contenido pagado se presenta como evaluación independiente, se incurre en una forma de publicidad encubierta, que distorsiona la equidad de la contienda y engaña deliberadamente al electorado.

El principio democrático exige que la ciudadanía pueda identificar quién habla, desde dónde habla y con qué intereses. Cuando la propaganda se disfraza de reconocimiento, se vulnera ese principio básico. Porque entonces no es deliberación pública, sino manipulación simbólica.

Además, casualmente estas prácticas suelen coincidir con periodos preelectorales o de posicionamiento político estratégico, lo que agrava su impacto. No buscan informar, sino influir; tampoco evaluar, sino posicionar.

El verdadero poder de estos premios no reside en su credibilidad individual, más bien en su efecto acumulativo. Porque la repetición es fábrica de consenso. Un político que aparece una y otra vez como destacado, premiado o bien evaluado termina inevitablemente rodeado de un aura de liderazgo. No importa que el ciudadano dude de cada ranking, la repetición constante produce la sensación de que algo debe haber de cierto.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la crítica a los sistemas mediáticos. El consenso no se impone por la fuerza, se manufactura mediante mensajes reiterados que aparentan provenir de fuentes independientes. En este caso, la independencia es ficticia; el consenso, artificial, y el liderazgo, inexistente.

El daño no es menor. Hay un costo democrático: cuando el reconocimiento político se compra, la democracia tiende a vaciarse de contenido. El mérito es desplazado por el presupuesto; la evaluación social, por el marketing; la rendición de cuentas, por la imagen. Se consolida una política estética, superficial y profundamente desigual, donde quien puede pagar aparece como líder y quien trabaja sin reflectores queda invisibilizado. Peor aún: se acostumbra al ciudadano a confundir popularidad mediática con legitimidad democrática. Y eso erosiona la capacidad crítica de la sociedad.

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El verdadero reconocimiento no se compra. Conviene afirmarlo sin rodeos, ningún premio adquirido mediante pago equivale al respaldo social auténtico. Ninguna portada sustituye el pulso del barrio, el cariño de la gente ni el juicio colectivo que se forma en la conversación cotidiana. Ningún ranking financiado reemplaza la evaluación permanente que la ciudadanía realiza en la calle, en el trabajo, en el mercado o en las charlas de bar y café.

La popularidad política genuina no se imprime ni se reparte en ceremonias, se construye en colonias, ejidos y comunidades, en contacto directo con el pueblo. Es la gente quien reconoce a quien cumple, escucha y responde. Ese es el liderazgo que no requiere simulación ni artificios, porque no descansa en contratos ni en campañas de prestigio, sino en la confianza social acumulada. Por eso, incluso cuando se enfrenta con aparatos mediáticos adversos, ese liderazgo termina abriéndose paso.

Definitivamente, frente a la industria del prestigio en venta, la tarea ciudadana urgente es desconfiar de los reconocimientos sin sustento, preguntar quién paga y con qué fines, y exigir trabajo público verificable, rendición de cuentas y transparencia.

@JuanDavilaMx