Protestas, el síntoma de cuando el gobierno ya no representa al pueblo

Está más que claro que una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. Aquella frase de “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” –que emitió Abraham Lincoln el 19 de noviembre de 1863 en el discurso de Gettysburg, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos–, al menos en territorio norteamericano, no aplica más.

La resistencia y las protestas, más de mil 800 con más de 100 mil personas en aproximadamente 300 ciudades –sólo en julio de este año–, dan cuenta de que las políticas implementadas por el presidente actual, hacia dentro y hacia fuera de los Estados Unidos, están muy lejos de la esencia de lo que se pretendía en la famosa “Democracia en América”, escrita por Alexis de Tocqueville en 1835, donde la igualdad de estima y la soberanía popular dejaban en claro la ruta trazada por la Declaración de Independencia (1776), en la cual se declara que todos los hombres y mujeres son libres e iguales.

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En este momento, no opera el principio que afirma que el poder emana del pueblo, que los gobernantes lo representan y que, en consecuencia, actúan en beneficio del bienestar de todos, porque en la realidad todas las personas son libres e iguales, pero unos son menos iguales que otros. En este momento, el gobierno norteamericano no representa al pueblo norteamericano; representa los intereses de unos cuantos.

En ese sentido, las manifestaciones no han sido hechos aislados, sino parte de un movimiento más amplio que refleja el descontento acumulado en diversos sectores de la sociedad por las políticas autoritarias, migratorias y sociales impulsadas por el presidente Donald Trump, quien regresó al poder tras las elecciones de 2024.

Uno de los elementos más notables de esta oleada fue la diversidad geográfica y temática. Por ejemplo, en Florida, el 1 de julio hubo protestas locales donde los manifestantes se opusieron a la construcción de un centro de detención –Alligator Alcatraz–, denunciando el trato inhumano hacia personas migrantes y la criminalización de comunidades vulnerables. Poco después, el mismísimo 4 de julio, en Los Ángeles, Seattle, Columbus y Houston, los ciudadanos, bajo consignas como “Free America Weekend” y “No Kings 2.0”, compararon el autoritarismo de Trump con la monarquía contra la que Estados Unidos se rebeló en 1776.

Las protestas tienen que ver con recortes en servicios sociales como Medicaid, cierres de programas de salud mental y LGBTQ+, deportaciones masivas, ataques al sistema de educación pública y una militarización creciente de la vigilancia migratoria a través del uso del Ejército y de ICE. Lo más álgido que se ha registrado en el país del norte fue lo vivido el 17 de julio con la jornada Good Trouble Lives On, donde se incorporaron sindicatos, estudiantes, líderes religiosos, migrantes y miembros de la comunidad LGBTTTQ+, y la ciudadanía le deja en claro al gobierno actual que no está dispuesta a permitir que se sigan vulnerando los derechos de las mayorías y cancelando lo conseguido durante décadas.

La lectura que se hace sobre las protestas masivas en Estados Unidos es la misma que se hace en otros países: un rechazo rotundo al carácter autocrático –sistema de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona– con el que hoy se gobierna, con una presidencia que cancela los derechos fundamentales y amplía el control estatal sobre la vida de los ciudadanos, eso hacia dentro. Hacia fuera, un control a ultranza, por medio de extorsiones, amenazas, chantajes e intromisiones que están fuera de la lógica del derecho internacional.

Es su constante lenguaje confrontativo, provocador, agresivo, polarizante e insultativo, el que minimiza críticas, que ataca instituciones, a medios y a líderes extranjeros usando las redes sociales como punta de lanza de una personalidad que no suma, sino todo lo contrario: divide.

Con un estilo autoritario, usando la división como estrategia; hacia dentro de su país, bloqueando y amenazando con vetos, exigiendo lealtad y desacreditando rivales utilizando el conflicto como herramienta, generando un clima de tensión permanente. Hacia fuera, haciendo que los socios internacionales tomen distancia ante su personalidad belicosa e injerencista, que representa un riesgo para la democracia y la convivencia entre los pueblos.

Este es el caso, y también las actitudes que tiene hacia nuestro país y, por supuesto, con quien se le atraviesa. Para con nuestro país, su política ha estado marcada por la hostilidad de su retórica, la presión económica –los aranceles–, el control migratorio y la lucha contra los cárteles; con una falta de tacto y diplomacia que no se había visto en mucho tiempo y que, por supuesto, ha tenido un gran impacto en la relación bilateral. Lo mismo pasa con otros países latinoamericanos y con la Unión Europea.

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A seis meses del comienzo de su segunda administración, difícilmente cambiará de actitud. Se ve complicada, al tiempo, una dimisión. Para quienes vivimos fuera y en concreto para nuestro país, no es la actitud beligerante lo que nos sacará adelante. La postura de nuestras autoridades debe ser sólida y estratégica, defender con firmeza nuestra soberanía rechazando públicamente cualquier chantaje o presión unilateral. La relación con los Estados Unidos debe basarse en el respeto recíproco, el diálogo y la cooperación; no en la imposición unilateral.

Sin duda, el estilo de gobierno de Trump rompe con la tradición democrática estadounidense. Su retórica polarizante, su desprecio por las instituciones, su uso del poder de forma personalista y su tendencia a la confrontación, tanto interna como externa, colocan a su gobierno en una situación complicada. Ante la violencia verbal de la que hacen uso él y sus colaboradores cercanos, la salida hacia dentro de los Estados Unidos es la resistencia; y hacia fuera, la inteligencia, la firmeza diplomática y, por supuesto, la paciencia. Todo eso pasa cuando los gobiernos no representan a sus pueblos. Así las cosas.