¿Quién atiende a los jóvenes marginales pobres en Coahuila?
Este abandono institucional no es reciente... En los últimos treinta años, por lo menos, el joven marginal en Coahuila nunca ha sido objeto de una política pública integral que parta de sus necesidades más sentidas
Las preguntas realizadas por el editorialista Francisco J. Rodríguez desnudan el fracaso de las políticas públicas estatales para atender (y entender) a los jóvenes marginales pobres del estado: “¿Por qué las riñas aumentaron el doble en Torreón? Además, ¿por qué son cada vez más violentas al grado de terminar en asesinatos? ¿Por qué en Monclova se han detenido a más de 24 mil menores desde 2019? ¿Por qué a más de 7 mil adolescentes se les ha abierto una investigación por algún delito desde 2018? ¿Por qué a edades cada vez más tempranas están consumiendo cristal? ¿Por qué la agresión sexual es el delito más común entre los jóvenes?” (VANGUARDIA: 15-06-2025).
Este abandono institucional no es reciente, aunque ahora esté recrudecido por una violencia crónica en colonias populares y comunidades rurales, protagonizada por jóvenes o “huérfanos de la guerra” sobrevivientes de las batallas entre el estado y el crimen organizado de 2007 a 2014.
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En los últimos treinta años, por lo menos, el joven marginal en Coahuila nunca ha sido objeto de una política pública integral que parta de sus necesidades más sentidas.
Por el contrario, el Sistema les confiere tres destinos: ser botín político electoral, criminalizado por policías municipales o comprador de drogas ofrecidas por los narcomenudistas en sus barrios.
En otra dimensión del Sistema, sus opciones no mejoran: trabajar en el mercado informal (como albañil, comerciante, plomero, lavacoches, etcétera) o en la economía formal de una fábrica maquiladora para exprimir su vida por un salario indigno e injusto.
Los jóvenes, hombres y mujeres, de esos territorios comparten posibles destinos: vincularse al crimen organizado; drogarse y/o tomar hasta agotar su existencia o morir como resultado de la violencia en sus comunidades. Para las mujeres, su futuro empeora porque, además, pueden embarazarse a temprana edad y/o prostituirse.
“La sobrevivencia en esos lugares está de la gran puta”, diría un amigo colombiano, y con razón, porque el círculo de pobreza en el cual esos jóvenes sobreviven de manera cotidiana asfixia, atenaza y muerde hasta masacrar toda valentía, coraje y determinación para romperlo.
¿Qué alternativas distintas le ofrece el Sistema −en su versión de gobierno estatal o federal− a esos jóvenes para romper ese círculo de pobreza y violencia? Ninguna.
De hecho, su negligencia histórica es agravada por una realidad estructural: “la mayoría de las personas nacidas en contextos de pobreza siguen atrapadas en esa condición. 73 por ciento de quienes nacen en el quintil más bajo de ingresos permanecen en pobreza por ingresos en la adultez”. ¿Qué refleja ese porcentaje? “...una baja movilidad intergeneracional y una fuerte persistencia de la desigualdad” (Movilidad Social en México 2025: Centro de Estudios Espinosa Yglesias).
Claro. Existen garbanzos de a libra vestidos de Benito Juárez, con su pelo relamido y su 1.37 de estatura que tranquilizan a las buenas conciencias abrazadas al Sistema para engañarse a sí mismas y dar saltitos de júbilo celebratorio. Pero eso es muchísimo menos que suficiente.
¿Qué hacer, entonces? Primero, el Icojuve, el Inedec, el DIF, la Sedu, el Centro de Integración Juvenil, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía estatal deben integrar sus respectivas agendas particulares relacionadas con el joven marginal y diseñar una sola política pública interinstitucional e integral que impacte de manera relevante en su vida.
Segundo, revisar los programas de cada dependencia a partir de su pertinencia o relevancia, metodología de implementación, impacto social significativo y costo-beneficio.
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Tercero, paralelo al punto anterior, implementar un estudio socioantropológico de las realidades que afronta el joven pobre de Coahuila en los 38 municipios del estado.
Cuarto, confrontar los programas ya validados de cada dependencia con los resultados del diagnóstico y descartar los que no se adecúen a las necesidades sentidas de los jóvenes.
Quinto, dejar la coordinación de esta política interinstitucional bajo la responsabilidad de la jefatura del Gabinete y Proyectos Estratégicos.
Mientras eso u otra cosa similar no ocurra, el destino de los jóvenes marginales de Coahuila permanecerá al garete, para ser triturado por el Sistema en su versión estatal y federal.
