Razones de peso(s)

En la pasada colaboración abordamos el siempre complejo tema del financiamiento público de las actividades de los partidos políticos. Entre las diversas consideraciones que se fueron presentando, se exploró la posibilidad de modificar la fórmula con la que estos montos se determinan.

Bien, modificar esta fórmula no representaría como resultado un mero ahorro o reducción de gasto del erario, sino que sus implicaciones tendrían un impacto directo incluso en la forma en que los actores principales de la arena política, es decir, los partidos políticos, salen a competir entre sí para llevarse el voto del electorado.

Repasemos la fórmula vigente. Se toma el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se multiplica por el número de personas inscritas en el padrón electoral con una fecha de corte específica, y el resultado se reparte: 30 por ciento en partes iguales y 70 por ciento según la votación válida obtenida por cada partido.

En Coahuila, esta fórmula arrojó 186 millones 473 mil 546.11 pesos para actividades ordinarias y específicas en 2026, a repartir entre nueve partidos políticos. Por la elección de diputaciones locales se sumaron también 54 millones 312 mil 683.33 pesos adicionales, equivalentes al 30 por ciento del financiamiento ordinario que le corresponde individualmente a cada partido. En total, 240 millones 786 mil 229.44 pesos para gastos operativos y de campaña, más un millón 086 mil 253.67 pesos a repartirse equitativamente para las candidaturas independientes que lograron su registro.

Números aparte, no hace mucha falta detenernos a observar para darnos cuenta de que esta fórmula contiene un valor que siempre, pero literalmente siempre —salvo que ocurra una hecatombe o un fenómeno de migración masiva en el país— incrementará, y no es otro que el padrón electoral. Cada año que pasa, más mexicanos cumplen la mayoría de edad, tramitan su credencial para votar y, por consecuencia, aumentan ese factor de la fórmula, situación que da como resultado que esa bolsa aumente siempre que se calcule.

¿Qué pasaría si en lugar de multiplicar el porcentaje de la UMA por el padrón, lo hiciéramos por el número de votos emitidos? Y no me refiero sólo a los votos válidos, sino también a los nulos y a los emitidos por candidaturas no registradas.

El principal resultado sería que buena parte del peso de incentivar y materializar la participación ciudadana se transferiría de las instituciones electorales hacia los partidos. La presión por mantener la operatividad de sus oficinas, obtener recursos para campañas y fortalecer su estructura recaería en ellos mismos, y para mantenerse financieramente viables tendrían que salir a las calles a convencer a la ciudadanía de votar.

De no hacerlo, los partidos enfrentarían fuertes recortes presupuestales por el abstencionismo, convirtiendo a ese fenómeno —el que ya le quita el sueño a los órganos electorales— en su enemigo a vencer, y no sólo en tema de discurso.

Con un mecanismo así veríamos presupuestos variables, e incluso descendentes año con año, ajustados a lo que los partidos logran realmente como resultado de las elecciones en las que compiten.

Además, cambiaría la dinámica según el tipo de elección. Los comicios menos populares entre el electorado son históricamente los de diputaciones locales o federales, mientras que gubernaturas y presidencia generan más interés. Esa tendencia podría comenzar a revertirse si la participación no sólo reflejara el esfuerzo de los órganos electorales, sino también la posibilidad, según los resultados, de que un partido aumente su próximo financiamiento o lo vea reducido con base en el trabajo que hizo para ganar el favor del electorado.

Cualquier cargo en disputa se convertiría entonces en una prioridad para los partidos, y esto impulsaría la participación ciudadana por dos vías: la institucional, que busca que el ciudadano salga a votar, y la de los propios actores políticos, cuya capacidad financiera y operativa futura dependería de cuánta gente decide votar.

Tal vez en una próxima reforma electoral que busque ahorros significativos –y no sólo simbólicos, como suprimir algunas prestaciones en los órganos electorales o reducir el número de cargos que representan a la ciudadanía en los órganos de gobierno– podamos ver una fórmula con estas características. Eso sí, su eventual aprobación queda en la cancha de los propios partidos políticos, principalmente de quienes mayores dividendos obtienen con la fórmula vigente.

Facebook: marco.yeverino

Twitter: marco_yeverino

Instagram: marco.yeverino

Correo: yeverino.rdz@gmail.com