Financiamiento a partidos políticos: Razones de peso(s)

Cada vez que se discute recortar el gasto público, el sistema electoral y, particularmente, los partidos políticos encabezan la lista de chivos expiatorios. Pocos tienen en mente que ese recurso que se les otorga a los partidos no fue meramente un capricho o un acuerdo, sino el resultado de casi cinco décadas de reformas que buscaron resolver un problema muy concreto, el de mantener el dinero sucio fuera de la política, tanto como fuera posible.

Sus primeros antecedentes están en la reforma de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, cuando los partidos fueron reconocidos como entidades de interés público y empezaron a recibir apoyos estatales, aunque sin reglas claras. La regulación formal llegó hasta 1987, y fue la reforma de 1996 la que estableció, ya en el artículo 41 constitucional, que el financiamiento público debía prevalecer sobre el privado.

Ante las entendibles dudas sobre si este es el único modelo posible, pareciera entonces sencillo mirar hacia afuera para encontrar otra solución. Ahí está el caso de Estados Unidos, donde las campañas se sostienen sobre todo con dinero privado, canalizado a través de los comités de acción política, con límites de aportación individual, pero con la posibilidad de gasto prácticamente ilimitado mediante los llamados Super PAC.

En Alemania, en cambio, opera un esquema mixto, donde el Estado complementa lo que cada partido logra recaudar por su cuenta, hasta un tope relativo ligado a sus propios ingresos, además de un monto fijo por cada voto obtenido.

Ahora bien, que ambos modelos funcionen razonablemente bien en sus países de origen no garantiza que pudieran dar el mismo resultado aquí. Cada sistema político responde a condiciones particulares, y en el caso mexicano, la experiencia reciente sugiere que el financiamiento público no sólo resulta benéfico, sino prácticamente necesario para sostener condiciones mínimas de equidad entre los contendientes.

Basta imaginar qué pasaría si el financiamiento privado se volviera predominante en México. Grupos empresariales con intereses en modificar marcos regulatorios, grupos religiosos con agendas particulares y, sobre todo, el crimen organizado, encontrarían en sufragar a un partido político un vehículo natural para posicionarse y comprar lealtades.

La fiscalización sobre el dinero público, aunque perfectible, es considerablemente más sencilla que perseguir el rastro del dinero privado no reportado. Cada peso que reciben los partidos pasa por auditorías y topes que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa a través de un mecanismo sumamente complejo como lo es el Sistema Integral de Fiscalización. El de un empresario, una iglesia o un cártel no deja ese rastro, y ese rastro es justamente lo que sostiene la posibilidad de una competencia entre iguales.

Esto no significa que el modelo sea perfecto. La propia fórmula de cálculo, que hoy multiplica un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización por el total del padrón electoral sin importar cuánta gente vota, tiene margen de mejora.

Quizás en una próxima reforma electoral el Legislativo federal se anime a cambiar la fórmula de cálculo, y que sea el total de la votación, y no del padrón, el factor que determine la suma de financiamiento público para los partidos. Bien podría generar consecuencias cuando menos interesantes que valdría la pena analizar en una siguiente entrega.

Pero más allá de eso, discutir tales ajustes sólo tiene sentido si se hace desde la convicción de que vale la pena conservar el fondo del modelo, no desde la tentación de eliminarlo.

Renunciar al financiamiento público no eliminaría el dinero de la política, sólo lo haría invisible, y un dinero invisible es, por definición, un dinero que ya nadie vigila. Eso es un lujo que en ese país, en estos tiempos, no podemos ni debemos permitirnos.

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