Reacomodos judiciales: Desafíos y amenazas en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte

El año inicia con reacomodos judiciales. Ambos preocupantes porque no debieron suceder y amenazan con descomponer lo que bien estaba. El Tribunal Electoral cambia de presidente, llega Mónica Soto a partir de la rebelión de tres de sus siete integrantes −dos no han sido designados por el Senado atendiendo la consigna presidencial−, quienes relevaron en la presidencia al jurista Reyes Rodríguez, con un impecable desempeño como magistrado y presidente del Tribunal. El otro reacomodo ocurre en la Suprema Corte de Justicia con el arribo al máximo tribunal del país de la designada por el presidente, la ahora ministra Lenia Batres.

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Los encuentros personales o profesionales −discretos, secretos o públicos− entre juzgadores y partes interesadas no son prueba de nada, en todo caso de descuido. Cualquier magistrado puede hacerlo en la medida en que sus decisiones no sean afectadas por esa relación personal o circunstancial. Finalmente, al juzgador se le conoce por sus sentencias y sus votos en el supuesto de órganos colegiados. Debe decirse que el Tribunal Electoral ha tenido un buen desempeño y contribuido a la certeza jurídica. Es deseable que así continúe y más en este año de intensa actividad.

El Tribunal Electoral es pieza clave para la elección en puerta. Las controversias se refieren casi siempre a la revisión de las decisiones del INE, sean de su consejo, de sus comisiones o de sus órganos internos. En todo caso debe reconocerse que el INE vive una crisis mayor, especialmente por la falta de acuerdo para la designación de sus directores en áreas técnicas de especialidad. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, afirma que eso no compromete la funcionalidad del órgano electoral. Se equivoca, no es igual un interino que un titular respecto a la certeza de sus derechos y a las implicaciones de firmeza o definitividad del nombramiento. Sin embargo, la ausencia de acuerdo no es imputable sólo a la consejera presidenta, sino a la falta de institucionalidad de la mayoría de los integrantes del Consejo.

Situación similar sucede en el Tribunal Electoral. El relevo de Reyes Rodríguez está precedido por conductas muy distantes del decoro y civilidad propias de un juzgador. Al parecer, diferencias políticas o de criterio legal no motivaron la rebelión, sino la disputa por los beneficios y el reparto de áreas de influencia al interior del Tribunal. Como quiera que sea, relevantes serán las resoluciones, y en la medida en que se actúe con acierto, lo demás sale sobrando.

Lenia Batres no debió llegar a la Corte. Arriba por la renuncia desafortunada e indeseable de Arturo Zaldívar, que altera los términos de la renovación de los ministros, cuya permanencia está garantizada por la Constitución, que exige acreditar la renuncia por causa grave. No correspondía al presidente López Obrador la designación, menos aún en un nombramiento por 14 años, no por el tiempo que restaba a Zaldívar.

La situación se agrava por el desaseo presidencial en el proceso de selección y por la desacertada actuación de la oposición. Bertha Alcalde debió ser designada por el Senado. La cerrazón de la oposición y la errónea idea de asignar costo al Presidente y a Morena por no llegar al acuerdo significó que llegara, a una responsabilidad de Estado, una persona sin el perfil profesional que exige tal encomienda, allí 100 por ciento lealtad 0 por ciento capacidad. La oposición debió entender que una vez que toman posesión todos los ministros son iguales, no importan sus atributos ni quién los proponga, y para el caso concreto, si fue por el voto calificado en el Senado o designada por el presidente.

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Debe preocupar no sólo la precaria calidad profesional de Lenia Batres, asunto de por sí penoso y que confirma el pobre juicio presidencial en los temas de Estado, sino su condición explícita y desafiante de confrontación a la Corte por quien se asume representante política de López Obrador al momento en que está por concluir su gestión como presidente.

A la Corte llega un comisario político −como bien lo calificara José Carreño aludiendo al estalinismo totalitario−, una ministra que no contribuirá al desempeño de la justicia y que buscará destruir al máximo tribunal para ser consecuente con el mandante que la llevó a tan elevada responsabilidad. No obstante todo, una diferencia monumental con la calidad profesional de Arturo Zaldívar, inexplicable que su renuncia haya dado lugar a esto.