Reforma al Poder Judicial, con amplio respaldo popular

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer ayer los resultados de tres encuestas que, a través de la dirigencia nacional de su partido, Morena, se realizaron el fin de semana anterior para conocer la opinión de la población respecto de la propuesta de reforma al Poder Judicial que incluye, entre otros aspectos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

El resultado, perfectamente previsible, es que una abrumadora mayoría de los encuestados está de acuerdo en dos cosas fundamentales: que quienes hoy fungen en los referidos cargos son corruptos y que la posibilidad de elegirles por voto universal les parece adecuada.

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La gran pregunta que debe hacerse en torno al debate ya abierto es si la discusión es una de carácter estrictamente técnico o se trata de una de carácter democrático. Una y otra posibilidad conducen a acciones muy distintas y a la confección de normas de derecho público diametralmente opuestas.

Y es que si el tema es uno de carácter democrático entonces no hay prácticamente ya nada que discutir. Por un lado, es evidente el amplio respaldo popular que tiene la propuesta enviada al Congreso por el presidente López Obrador y, por el otro, en las elecciones del pasado 2 de junio el partido mayoritario obtuvo los asientos necesarios en ambas Cámaras para llevar adelante las reformas propuestas.

Si, por el contrario, el debate es uno fundamentalmente técnico entonces la cosa cambia, porque cualquier reforma tendría que surgir del análisis detallado de los pros y contras que, en términos de lo deseable, arrojaría el que los jueces fueran electos por voto popular o seleccionados a partir de un mecanismo de carácter meritocrático.

Y es que cuando el tema se analiza desde esta última perspectiva surge de inmediato un primer cuestionamiento: de considerarse adecuada una selección por voto popular, ¿ese método debería aplicarse a todos los juzgadores o sólo a ciertas posiciones de particular relevancia? O al revés: sólo a los cargos de la base de la pirámide, pero no a los de la cúspide.

Paralelamente a la difusión de las encuestas, se ha ofrecido la apertura de un periodo de discusión y el Poder Legislativo ha anunciado el arranque de un proceso de parlamento abierto para escuchar a todas las voces interesadas.

Pero, ¿se trata de un proceso de discusión ofrecido para escuchar las voces que están en contra y, eventualmente, considerar que sus argumentos tienen un mayor peso, o solamente se trata de permitir que los opositores “se desahoguen” y no puedan reclamar después que no se les escuchó?

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Cabría esperar que sea lo primero, pero la experiencia recomienda no ser demasiado optimistas porque ya en otras ocasiones se han realizado ejercicios de este tipo para concluir, al final de estos, que las propuestas remitidas al Poder Legislativo se aprueben “sin cambiarles una coma”.

Habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos, desde luego, y confiar que, al final, la discusión que se propone conduzca a conclusiones que resulten útiles para el país.