Coahuila: Gasto en nómina e inversión, ¿se justifica la disparidad?

Uno de los aspectos del servicio público que más importa a la ciudadanía es el destino que tienen los recursos administrados por las dependencias gubernamentales. E interesa el destino de estos porque se trata de recursos que nos pertenecen a todos y deben invertirse de forma que generen el mayor beneficio posible a la comunidad.

No se trata, es importante puntualizarlo, solamente de que el erario público se administre con pulcritud, es decir, que ninguna parte de éste sea desviado y termine generando fortunas privadas. Tan importante −o más− que lo anterior es que el patrimonio colectivo sea dirigido a financiar las acciones que requiere la ciudadanía.

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El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la disparidad que existe, en el gasto de los principales municipios de Coahuila, entre el monto destinado a pagar salarios y prestaciones de sus empleados y el correspondiente a la inversión en obras de beneficio social.

De acuerdo con datos públicos, contenidos en los informes de gasto rendidos por los ayuntamientos de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, municipios en los cuales se concentra alrededor de 70 por ciento de la población, el gasto en nómina duplica al de inversión durante los dos primeros años del actual periodo gubernamental.

En efecto, los cinco municipios citados han erogado, en conjunto, 2 mil 700 millones de pesos en obras públicas pero, en contraste, han gastado 5 mil 500 millones de pesos en pagar los salarios y prestaciones de sus empleados, lo cual implica una proporción de casi dos a uno.

¿Es normal que la nómina consuma tantos recursos a nivel de los gobiernos municipales? ¿La proporción entre gasto en salarios e inversión pública es la que podría esperarse en casos como el de los grandes municipios de Coahuila, o tendría que ser diferente?

Se trata de cuestionamientos que debería responder la Auditoría Superior del Estado, órgano cuya responsabilidad es, por un lado, fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos y, por el otro, analizar la forma en la cual se gasta el presupuesto gubernamental, a fin de establecer directrices que hagan de dicho ejercicio uno más útil a los fines colectivos.

La comparativa no es ociosa ni debiera ser vista como un dato anecdótico, sino como una oportunidad para definir parámetros que se conviertan en metas obligatorias para los gobiernos municipales futuros, pues a todos conviene que los recursos públicos sean cada vez mejor administrados.

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Además, como se sabe, las necesidades en los municipios, independientemente de su tamaño, son siempre superiores a la disponibilidad presupuestal y por ello cualquier eficiencia que pueda realizarse redundará en mejorías a la infraestructura y los servicios públicos.

Cabría esperar entonces que quienes tienen a su cargo el ejercicio y fiscalización del presupuesto público ofrezcan elementos para realizar una evaluación más profunda de estos datos.