Reforma judicial: La difícil situación política

Nos tocó vivir algo que nunca experimentamos y ni siquiera habíamos pensado. Inicialmente tomó el poder un líder carismático, peleonero y terco, al que el pueblo le entregó 30 millones de votos. No es poca cosa, pero debemos situar el hecho recordando a los presidentes que lo antecedieron, en especial a Enrique Peña Nieto, que ha sido el representante más conspicuo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el más evidentemente corrupto. Los anteriores lo eran, pero al menos se ocultaban. Peña Nieto fue incauto y débil (por ejemplo, frente a Trump), despectivo (aun con su propia esposa, que participó en el saqueo), cándido frente a los intereses extranjeros: muy en especial de los españoles y los canadienses, a los que les regaló medio país.

Ahora estamos observando desde lejos, como si se tratase de otra nación, los cambios estratégicos, inverosímiles y vertiginosos de los partidos políticos que vivieron una segunda derrota mucho más fuerte y atrevida que la anterior: el pueblo mexicano regaló 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum, ¡absolutamente increíble! En el paquete de la presidenta estaba anunciada claramente, por mucho tiempo, la necesidad de que el Poder Judicial cambiara.

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Es evidente que si pensamos las cosas en el aire deberíamos preocuparnos, pero lo que he aprendido en historia es que los hechos hablan más que las palabras y que debemos darles su importancia.

Considero que, en vez de aventar discursos sobre la dictadura o su contrario, la libertad, deberíamos observar qué es lo que ha pasado en el terreno del tercer poder, el judicial. Y, careciendo, como siempre de espacio, ejemplificaré con casos que muestran contundentemente lo que es la corrupción, no de todos los jueces o ministros, sino de muchos de ellos.

Estoy terminando la historia de un caso insólito: un joven activista es asesinado. La policía judicial atrapa al asesino. Éste declara ante el Ministerio Público que lo mató de tres balazos. Lo repite en el expediente ocho veces: “yo lo vi de espaldas y le chiflé para que volteara y disparé”. Tengo el expediente (no puedo decir cómo lo conseguí; lo digo en el libro). De repente el texto cambia: aparecen dos indígenas inocentes, torturados terriblemente tres días con sus noches que, al fin, firman que son culpables. ¿Y el verdadero? Hay una frase que dice que no saben dónde está. Claro, era el pistolero del hermano del gobernador de Chiapas.

Otro: el ministro de justicia Luis María Aguilar recibe un expediente largo y jugoso sobre la negación del millonario Salinas Pliego a pagar impuestos. El acucioso ministro guarda bajo llave el documento durante ocho meses. ¿Le parece normal?

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Uno más: una otomí, que no llega al metro sesenta de estatura, ingresa a la cárcel en Hidalgo porque secuestró a seis policías judiciales, armados, de no menos de un metro ochenta. La acusación es grave. La condenó el juez a varias décadas de cárcel. Pasaron años hasta que, por presiones europeas, ante el ridículo mundial, el presidente Felipe Calderón le dio el perdón (él no la había juzgado).

Tres casos de distinta índole. Conozco muchos, pero esos bastan para saber que el poder judicial requiere de una reparación. Quienes votamos por Sheinbaum sabíamos que en su programa anunciaba en un lugar prominente la transformación del PJ. No hay sorpresas. No se destruirá el tercer poder, sólo se harán cambios inevitables.