La prórroga de 90 días acordada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EU, Donald Trump, representa, sin duda, un alivio momentáneo para México. Evitar, por ahora, la entrada en vigor de nuevos aranceles del 30 por ciento permite contener un impacto que habría afectado seriamente a la planta productiva nacional. No obstante, si bien se frenó el golpe, la amenaza persiste y, con ella, la incertidumbre que ya comienza a reflejarse en diversos sectores, particularmente en regiones clave como el sureste de Coahuila.

El acuerdo alcanzado da continuidad a la estrategia mexicana de mantener el diálogo abierto y privilegiar la vía diplomática. Se evitó una escalada de medidas punitivas, se salvaguardó el marco del T-MEC y se mantuvo la estabilidad relativa en la relación bilateral. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, celebró el resultado como un éxito de la política exterior, destacando que no se entregaron concesiones y que México mantiene su posición de ventaja comercial.

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Sin embargo, esa misma postura oficial contrasta con los temores del sector privado y de analistas económicos, quienes advierten que la incertidumbre continúa y podría prolongarse incluso hasta 2026, año clave para la revisión del T-MEC. La postergación es útil, sí, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de claridad sobre la ruta que tomará la política comercial de Estados Unidos hacia México bajo el liderazgo volátil de Trump.

Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica del T-MEC, reconoció que el resultado es positivo, pero también señaló que el ambiente de inestabilidad permanece. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, fue más directa: “Lo malo es que sigue 90 días más la incertidumbre... va para largo”. En efecto, lo que se ganó en tiempo se pierde en certidumbre.

Y esa falta de certidumbre ya tiene efectos concretos. En Coahuila, la región Sureste –uno de los principales polos de manufactura automotriz en el país– ya comienza a resentir los impactos de la política arancelaria estadounidense con ajustes operativos en algunas de las compañías instaladas, así como un menor dinamismo en la actividad económica.

El Consejo Coordinador Empresarial reconoció los esfuerzos del gobierno para mantener abierta la negociación, pero también reiteró la necesidad de construir soluciones que fortalezcan la competitividad regional y brinden confianza a la inversión. No basta con aplazar los aranceles; se requiere un entorno más previsible para que las empresas mantengan sus planes de producción y empleo.

El gobierno mexicano tiene ahora 90 días para avanzar hacia un acuerdo más robusto que permita disipar las amenazas arancelarias. Es una oportunidad valiosa, pero el margen es estrecho.

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En el corto plazo, urge articular una estrategia de mitigación para sectores que ya están pagando el precio de esta incertidumbre. Las armadoras, proveedores industriales y trabajadores en regiones como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga no pueden depender de prórrogas indefinidas. Necesitan reglas claras, plazos definidos y garantías mínimas para operar.

El “respiro” conseguido es útil, pero insuficiente. No hay victoria completa si no hay estabilidad. México necesita más que pausas temporales: requiere certidumbre sostenible en su principal relación comercial. Y eso aún está lejos de lograrse.