Réquiem por la memoria

Corría el año de 1914, específicamente el 6 de abril, cuando el llamado “usurpador de la patria” promulgó en México la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales. El dato histórico es preciso; lo que resulta más complejo es su trasfondo simbólico. En medio de la inestabilidad política y la fractura social, el Estado reconocía, paradójicamente, la necesidad de preservar aquello que otorgaba continuidad al país: su memoria material. Sin embargo, desde el siglo XIX, en el marco de las exposiciones internacionales europeas, los estudiosos mexicanos comenzaron a advertir que conservar no era un gesto nostálgico, sino una afirmación cultural. Se privilegió lo prehispánico como raíz identitaria, sin desestimar el legado colonial.

Así, entre decretos, circulares y normativas, fue tomando forma una conciencia patrimonial que entendía el edificio histórico no solo como objeto físico, sino como documento testigo de la experiencia colectiva. El impulso modernizador de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX trajo consigo el desarrollo científico y técnico, pero también la pregunta por aquello que debía permanecer. La discusión internacional iniciada en el III Congreso Internacional de Arquitectos de París en 1889, evidenció que la conservación era ya un tema de reflexión generalizada. México no estaba aislado: dialogaba, adaptaba y traducía esas ideas al propio contexto. Desde la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero en 1874, pasando por la ley francesa de 1887, la ley mexicana de 1914, la legislación de 1972 y sus reformas posteriores, el marco jurídico ha insistido en una misma idea: los monumentos históricos y artísticos constituyen un patrimonio de cultura universal. La ley de 1914 —publicada apenas un año después de la Decena Trágica— declaró de utilidad pública la conservación y afirmó que estos bienes deben cuidarse “empeñosamente”. La palabra no es menor, implica constancia, convicción y responsabilidad sostenida en el tiempo. Pero entre la ley y la realidad existe un abismo. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, numerosos inmuebles han sido sacrificados en nombre del progreso. La modernidad, entendida como ruptura, ha tendido a privilegiar lo novedoso sobre lo significativo. En Saltillo —denominada por el Dr. Carlos Manuel Valdés la frontera septentrional del imperio— la demolición de inmuebles catalogados revela esa tensión permanente entre memoria y desarrollo. La casa de la calle Juárez número 207, registrada como monumento histórico del siglo XIX, con sus crujías en torno al patio central, sus muros de adobe, su techumbre de vigas de madera y sus pisos de loseta de barro, ya no existe. Su ausencia es ahora un vacío en el tejido urbano y en la narrativa de la ciudad. Así pues, la pérdida de un edificio no es únicamente la desaparición de un volumen arquitectónico; es el vacío de una referencia simbólica: se interrumpe un diálogo entre generaciones y se cancela la posibilidad de experimentar y valorar el pasado en el presente.

En la literatura y en la música, el réquiem es una forma de duelo: una composición para honrar lo que ya no está. Quizá esta reflexión aspire a eso: a nombrar la pérdida para no normalizarla. Porque más allá de las leyes, los catálogos y las discusiones académicas, la conservación de la memoria requiere voluntad. Conservar no es un acto pasivo; es una acción. Defender el patrimonio implica reconocer que nuestra identidad se construye, se hereda y, sobre todo, debería cuidarse —empeñosamente—.