Saltillo: La omisión legislativa y el uso lúdico de la mariguana

El texto principal de esta edición está dedicado a dar cuenta de cómo, en Saltillo, ha comenzado a “comercializarse” la mariguana en expendios que operan con absoluta regularidad en plazas comerciales. La forma en que tales expendios operan podría dar a entender que se trata de una actividad regulada por la ley, pero en realidad se trata de una que se aprovecha de uno de los peores vicios de la actividad pública: la omisión legislativa.

¿Por qué es importante señalar lo anterior? Porque siempre es preferible, en una sociedad democrática, que las actividades de las personas se encuentren reguladas de forma clara por la norma jurídica. Y eso es particularmente cierto en casos como el que nos ocupa, pues estamos hablando de la comercialización de una sustancia psicoactiva.

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En otras palabras, lo deseable sería que la operación de los establecimientos en los cuales ha comenzado a “venderse” mariguana, en distintas presentaciones, no se registrara en el espacio pantanoso de un vacío legal, sino a partir de reglas puntuales y precisas.

¿Por qué no es así? La respuesta es que quienes han formado parte de las dos cámaras del Congreso de la Unión, desde el año 2019, decidieron ignorar los reiterados llamados formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que llenaran el vacío dejado por la declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, a partir de la resolución de un conjunto de amparos promovidos contra dichas disposiciones.

El núcleo de las resoluciones judiciales puede sintetizarse en el hecho de que la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta, establecida en la referida ley, para que las personas pudieran consumir el cannabis con fines recreativos.

Sin embargo, declarar inconstitucional una norma que prohíbe de forma absoluta una conducta no implica que esta se permita entonces de forma absoluta, sino que el legislador debe confeccionar las reglas necesarias para regular el ejercicio del derecho reconocido por la resolución judicial.

Pero como eso no ha ocurrido hasta la fecha, a pesar de la existencia de una obligación legal para que los legisladores definan dichas reglas, en México han ido avanzando iniciativas como las de quienes se encuentran detrás de la cadena comercial −amparada en la existencia de una asociación civil− que ha comenzado a comercializar la mariguana en Saltillo.

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Iniciativas como la señalada se mueven a partir de la existencia de un derecho, es verdad, pero también sacan ventaja −acaso indebida− de la existencia de un vacío legal que les permite actuar con más libertades de las que probablemente serían deseables.

No se trata de reabrir el debate −zanjado ya por la Corte− sobre si debe permitirse o no el uso lúdico de la mariguana, sino de exigir a nuestros legisladores que cierren los espacios de discrecionalidad prohijados por la inexistencia de reglas claras, espacios que se traducen, en última instancia, en riesgos de diversos tipos para nuestras comunidades.