Pocas cosas le hacen más daño a las sociedades democráticas que el hecho de que las autoridades gubernamentales no se encuentren al tanto de lo que ocurre en el territorio, es decir, que ignoren la realidad a la cual se enfrentan los ciudadanos de a pie, esos que no tienen más remedio que encararla con toda su crudeza.
Y esto es así porque las comunidades que pretenden vivir en democracia requieren, como regla indispensable para ello, la existencia de un entramado legal que les otorgue certeza sobre lo que está permitido y lo que está prohibido, es decir, sobre lo que puede hacerse libremente y aquello que implica un castigo en caso de realizarse.
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El comentario viene al caso a propósito del sorprendente desconocimiento exhibido por autoridades estatales y locales de Coahuila respecto de la existencia de “expendios”, en la zona urbana de Saltillo, en los cuales puede “comprarse” mariguana.
Como ya se ha dicho anteriormente, nadie pretende revivir el debate sobre si debe o no permitirse el consumo de esta planta con fines recreativos, pues este ha sido zanjado ya, desde hace un lustro, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De lo que se trata es de llamar la atención respecto de la necesidad de regular el derecho que existe de consumir el cannabis.
En este sentido resulta llamativa la reacción que autoridades de diversos órdenes de gobierno y distintos poderes públicos tuvieron ayer cuando se les cuestionó respecto de su posición en torno al hecho de que ya operan, en la capital coahuilense, “tiendas de mariguana”.
Las opiniones vertidas en torno al tema son variopintas pero, en general, reflejan desconocimiento sobre el tema. Y es que persisten quienes consideran que basta una posición moralista al respecto como quienes consideran que la venta de mariguana es algo que ya está regulado.
¿Cómo podemos esperar de las autoridades una respuesta adecuada ante éste −o cualquier otro− fenómeno social si sus respuestas evidencian que no le dedican el tiempo mínimo necesario a comprender las problemáticas que teóricamente deben atender?
Y el problema aquí es que no estamos hablando de un problema trivial, sino de uno de capital importancia que involucra complejas definiciones legales y vacíos jurídicos que están siendo aprovechados por quienes, de forma legítima sin duda, intentan acaparar un mercado que siempre ha estado ahí, pero que, hasta hace apenas unos días, operaba en la clandestinidad.
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No estamos hablando de un asunto trivial, sino de uno de la mayor relevancia: la frivolización del servicio público por parte de funcionarios públicos −electos y designados− que no parecen tener claro que ocupar una posición en el entramado público implica la responsabilidad mínima de comprender los problemas sociales, cuya atención está a su cargo.
Grave, sin duda, es la situación de una sociedad cuyos líderes no consideran siquiera la necesidad de prepararse mínimamente para ejercer sus cargos.
