Salud privada: Frenar abusos es una de las tareas del sector público

Una regla básica de la Economía establece que los precios de un bien o servicio, dentro de un mercado ideal, se establecen de forma “autónoma” a partir de dos leyes en permanente tensión: la oferta y la demanda. En teoría, el mecanismo funciona de forma tan adecuada que constituye un “regulador eficaz” de los precios.

El problema con el planteamiento anterior es que solamente funciona de forma precisa en la teoría. En la práctica abundan los ejemplos de cómo los precios pueden distorsionarse a partir del comportamiento desordenado de múltiples variables, e incluso por la manipulación de estas.

Y el asunto se convierte en un problema cuando la distorsión de los precios se registra sobre bienes o servicios sensibles y ello los coloca fuera del alcance de una porción importante del público. Es en esos momentos cuando queda en evidencia la necesidad de que el sector público intervenga como ente regulador y “ponga orden” en el mercado.

Uno de los múltiples ejemplos de lo anterior es el mercado de seguros de gastos médicos mayores, como lo ha demostrado de forma contundente la ya prolongada discusión que se ha registrado en el país a partir de que el tema fue puesto sobre la mesa por el diputado federal saltillense Jericó Abramo.

La iniciativa que ha presentado el legislador para modificar el marco regulatorio al que se encuentra sujeto este mercado específico ha obligado a discutir el tema con seriedad y, a partir de ello, ha quedado demostrado, sin lugar a dudas, que el mismo se encuentra caracterizado por el abuso.

Los hospitales y las empresas aseguradoras, se ha evidenciado, ingresaron en un proceso de excesos crecientes que se tradujeron en un hecho puntual: el encarecimiento de los servicios médicos privados, así como de las primas de las pólizas de seguros.

Al final, el único perdedor en esa ecuación ha sido el usuario de dichos servicios. Millones de clientes en realidad. Porque personas que a lo largo de décadas han pagado por una póliza para acceder a la medicina privada hoy ven esfumarse dicha posibilidad ante el encarecimiento brutal del servicio.

Uno de los factores que ha contribuido a generar la galopante inflación de los servicios médicos en México es la opacidad. Por ello, uno de los aspectos que se está impulsando como parte de las modificaciones legales que hoy se discuten es justamente el que haya transparencia en este mercado.

La propuesta es simple y asombra el hecho de que no exista ya una medida en este sentido: que los hospitales privados publiquen sus tabuladores de precios y tarifas médicas, a fin de que los pacientes puedan comparar servicios y tomar decisiones informadas.

Parece sumamente sencillo que lo anterior ocurra, pero justamente porque la regulación del mercado de la salud privada se ha dejado en manos de “la mano invisible del mercado” es que hemos llegado a este punto. Cabría esperar que no demoremos demasiado en corregir el rumbo.