Seguro de desempleo: posible, justo y necesario

Durante décadas México presumió tener una de las legislaciones laborales más avanzadas del mundo. La Constitución de 1917 nos dio jornada máxima, salario mínimo, derecho de huelga, reparto de utilidades. Sin embargo, esa legislación fue desmantelada paulatinamente cuando se impuso un proyecto político que creyó que la vía para el desarrollo de México era competir por tener los salarios más bajos del planeta y con la menor cantidad de derechos laborales posible. Su dogma es simple: si nos volvíamos el país más barato para contratar, la inversión llegaría sola. Estaban equivocados.

El resultado está a la vista. Ese periodo nos dejó informalidad masiva, salarios por debajo de otros países con economías similares, condiciones laborales abusivas y una economía incapaz de proteger a su gente en los momentos difíciles. Ese modelo dejó a millones de trabajadoras y trabajadores a la intemperie.

Con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal, en 2018, esa lógica comenzó a revertirse en forma indudable. El salario mínimo dejó de ser una cifra simbólica y recuperó terreno real, año con año, y lo sigue haciendo; se terminó con el outsourcing irregular que defraudaba derechos como la antigüedad y las utilidades; se democratizó la vida sindical; se aumentaron los días de vacaciones y se generaron las condiciones para que los trabajadores lograran, después de muchos años de lucha, la reducción de la jornada a 40 horas semanales. Quien hace un recuento objetivo encuentra un esfuerzo sostenido por reconstruir la dignidad laboral.

En ese camino de reconstrucción hay un derecho que seguimos debiendo: el seguro de desempleo. La mayoría de los países con economías similares a la nuestra ya lo tienen. No es un lujo, es una pieza básica de la seguridad social. Este mes presenté una iniciativa de reforma constitucional para que cada entidad federativa ofrezca un seguro de desempleo no contributivo, equivalente al menos a la canasta básica alimentaria y no alimentaria, durante 90 días naturales. La Constitución pondría un piso mínimo, y cada estado podría ampliarlo según sus condiciones.

¿Por qué por esa vía, federalista? Porque la realidad laboral del país es profundamente diversa. No es lo mismo una economía manufacturera formalizada como la de Coahuila, que regiones con altísima informalidad rural. Un diseño centralizado correría el riesgo de ser ineficaz o excesivamente rígido. La propuesta respeta nuestra tradición federalista y obliga a cada estado a buscar la solución más adecuada, sin jamás quedar por debajo de esa protección básica.

Esta propuesta es una medida de justicia elemental y también un estabilizador económico: cuando una persona pierde su empleo y recibe ese ingreso mínimo, puede seguir comprando alimentos, pagar el transporte y sostener el consumo local, justo cuando más se necesita mover la economía.

La experiencia de la Ciudad de México confirma que es viable. Allá opera desde hace años un programa que entrega un apoyo mensual durante tres meses a quienes acreditan el desempleo involuntario. No es perfecto y su monto aún está por debajo de la canasta básica urbana, pero demuestra que existen capacidades institucionales para registrarlo, administrarlo y vincularlo con la búsqueda de empleo. Otras entidades, como el Estado de México, también han explorado esquemas similares. Lo que hoy falta es convertirlo en un derecho exigible, y ampliarlo a todo el país.

Pensemos en lo que eso significaría para acá, para nuestra gente de Coahuila y de Saltillo. Vivimos en una región pujante, pero con una dependencia muy marcada de ramas manufactureras y automotrices que están expuestas a los vaivenes de la demanda externa que hoy, son más volátiles que nunca por la situación política en EEUU. En enero de 2026, General Motors despidió a mil 900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe por la cancelación de un turno. Se habló de un posible recorte de hasta 9 mil empleos en la entidad. Familias enteras se quedaron, de la noche a la mañana, sin certeza, sin quincena.

Un seguro de desempleo en esos momentos no borra el problema, pero evita la caída libre. Da un respiro. Permite buscar un nuevo trabajo en condiciones menos desesperadas. Y, a escala regional, sostiene la demanda de los negocios del barrio, del mercado, etc., justo cuando empiezan los recortes. No es caridad: es una inversión modesta en estabilidad social y económica, mucho más barata que los costos posteriores de la pobreza y la informalidad.

La iniciativa que he presentado busca precisamente eso: cerrar una brecha histórica del modelo laboral mexicano y darle a cada estado la herramienta para proteger a los suyos. No pide imposibles fiscales e impone un piso mínimo que se puede ir escalando con responsabilidad.

Saldar esta deuda es un acto de justicia y de inteligencia.