Seguros médicos: urge regular su mercado

Una de las más importantes promesas que nos hace nuestra Constitución es la relativa a la salud. “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, dice textualmente el artículo cuarto del texto fundacional del país, y eso tiene implicaciones que es necesario convertir en realidad.

Porque “proteger la salud” no significa solamente que tengamos acceso a los tratamientos y el cuidado necesario cuando nos enfermamos, sino que podamos mantener de forma permanente el estado deseable de vida de cualquier ser humano: estar sanos.

Pero una cosa es prometerlo y otra que, en efecto, sea posible acceder al ejercicio pleno de tal derecho en la realidad. Y allí es donde el Estado, como ente regulador de la vida pública, debe desplegar esfuerzos concretos para lograr que podamos ejercer el derecho a la salud.

Lo ideal, desde luego, es que todas las personas tengamos acceso a un sistema público, financiado con recursos fiscales, que nos atienda sin importar nuestro origen y condiciones particulares. Eso, sin embargo, no es una realidad para la totalidad de los mexicanos.

Por ello existen mecanismos privados que, bajo la autorización de las instituciones públicas, pueden prestar sus servicios a quienes tienen la posibilidad económica de sufragarlos. Pero incluso quienes acceden a estos servicios requieren apoyo institucional.

Y esto es así porque, como se ha dicho en múltiples ocasiones, no se trata de que los servicios privados de salud se encuentren sujetos exclusivamente a las reglas del mercado, es decir, que los pague sólo quien tenga la capacidad económica para ello y quien no, pues que se resigne a recibir atención en las instituciones públicas.

Para el Estado mexicano tiene que ser importante el hecho de que un número creciente de personas puedan tener acceso a los servicios privados, pues ello despresuriza los esquemas públicos y permite dar mejor atención a un número mayor de personas.

Pero si ese mercado no se regula y se deja, como ha ocurrido hasta ahora, al libre juego de la oferta y la demanda, corre el riesgo de sufrir distorsiones como las que se han señalado en forma reiterada en los últimos meses, cuando se ha puesto sobre la mesa una propuesta para intervenir en el mercado de los seguros de gastos médicos mayores.

Sería deseable, por ello, que quienes nos representan en los órganos legislativos asuman con seriedad la necesidad de intervenir en favor de quienes, a partir de un esfuerzo personal, deciden utilizar servicios médicos privados.

La discusión que está en marcha es una que urge concluir y por ello habría que demandar a nuestros legisladores que avancen con determinación en ese proceso.