México y Estados Unidos, ¿cooperación o confrontación?

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Opinión
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Se esperaba que el apretón del sheriff del norte vendría después del campeonato mundial de futbol, pero los acontecimientos se adelantaron. Según el sitio Código Magenta, tres hechos precipitaron la actual crisis. Primero, la secuela del viaje a Barcelona, agravada por la intromisión de la señora Sheinbaum, que, olvidando la doctrina Estrada, dio su apoyo a Cristina Fernández, quien purga una condena en prisión domiciliaria por corrupción.

En cuestión de días llegó el karma argentino, con la detención en Buenos Aires de uno de los marinos huachicoleros. La pregunta es si Milei, después de haber sido insultado en varias ocasiones por la 4T, lo va a extraditar a México o a Estados Unidos. El segundo hecho tuvo lugar hace días en Sinaloa, cuando, alentados por el gobernador con licencia Rocha Moya, algunos manifestantes bloquearon la llegada del embajador estadounidense a la inauguración de un proyecto con una inversión de más de 3 mil millones de dólares. Esto obligó al cambio de sede del evento, dando lugar a un fuerte discurso contra la corrupción por el diplomático estadounidense.

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Y el tercero, los eventos ocurridos recientemente en Chihuahua, en los que se destruyeron unos importantes laboratorios clandestinos, y en los que fallecieron dos agentes de la CIA, lo que motivó las críticas y el linchamiento de la gobernadora de ese estado por parte de la propia titular del Poder Ejecutivo federal, siendo que en dicho operativo se contó con la participación de militares mexicanos, y ellos no se mandan solos.

Los tres eventos mencionados tal vez aceleraron las acusaciones del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense en contra del exgobernador de Sinaloa y otros nueve involucrados. Partiendo de esas graves e inéditas acusaciones, se desprende la petición al gobierno mexicano para proceder a la detención provisional de los implicados, con fines de extradición. Esto, fundamentado en los tratados vigentes entre ambos países y que se enmarcan en el derecho internacional. La respuesta inmediata de las autoridades mexicanas fue negar las acusaciones, bajo el argumento de la falta de pruebas. Ante ello, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, señala que no se requieren pruebas.

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No olvidemos que el propio gobierno mexicano mandó, sin cumplir con los protocolos debidos, a varias figuras del crimen organizado a los Estados Unidos y aceptó, sin cuestionar, las declaraciones de los delincuentes que testificaron en contra de García Luna. En ambos casos, nuestro gobierno no exigió pruebas. Además, existen precedentes de gobernadores extraditados: Mario Villanueva, de Quintana Roo en 2010; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; y Jorge Torres, de Coahuila, en 2019. Como ninguno de ellos pertenecía a Morena, el gobierno mexicano los extraditó a Estados Unidos.

Hay dos opciones: la cooperación con las autoridades estadounidenses o la confrontación. Para México, la mejor es la primera, y debe prevalecer sobre los intereses de un partido o de un puñado de políticos. Siendo realistas, los vecinos tienen más cartas en la baraja y estas son de mayor peso, siendo una de ellas la de los aranceles, en una coyuntura de gran fragilidad, como lo es la revisión o renegociación del T-MEC, pues nuestra dependencia del mercado del norte es del 80%.

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Rocha Moya y compañía ya pidieron licencia. ¿Qué sigue? ¿Su detención provisional? ¿Los protegerá el gobierno? ¿Qué importa más, un exgobernador cuestionado o el bien de la República?

REDONDEO

Falleció hace días la estimada maestra Ana María Cepeda de la Peña, hermana de la señorita Irene, quien me enseñó las primeras letras. Ambas, ejemplo para el magisterio coahuilense y pertenecientes a una familia que dio a Coahuila y a México destacados revolucionarios, gobernadores, agricultores, médicos y profesionistas.

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