Sierra de Zapalinamé: Áreas protegidas, ¿en verdad se ‘protegen’?

La protección al medio ambiente −que implica en realidad proteger a nuestra especie de nosotros mismos− es una de esas asignaturas que, en países como el nuestro, siguen sin tomarse en serio de verdad. Y lo que ello implica es que avancemos en el deterioro del entorno... en nuestro propio perjuicio.

En este sentido, una de las regulaciones que en México han sido creadas −de manera más o menos robusta−, pero no se han aplicado de forma completa es la relativa a la forma en la cual debe contenerse el crecimiento de las manchas urbanas, allí donde entran en contacto con ecosistemas que es preciso tratar con cuidado.

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Una de las herramientas legales con las cuales hemos buscado alcanzar este objetivo es la de crear “áreas naturales protegidas”, es decir, espacios en los cuales no se permite la intervención humana, sino que el ecosistema debe desarrollarse exclusivamente de acuerdo con las reglas de la naturaleza.

Pero por mucho que se esfuercen quienes diseñan las leyes en crear una norma robusta, los resultados deseables −los positivos, obviamente− solamente pueden concretarse en los hechos si la norma se aplica y si dicha aplicación se hace sin concesiones de ningún tipo.

Por desgracia, esta concepción de la aplicación de las leyes choca de manera frontal con la vocación fundamental de nuestros políticos: actuar con el mayor margen de discrecionalidad posible.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al problema que existe en la zona oriente de Saltillo, donde el surgimiento de un asentamiento humano, la colonia San Juan, amenaza la zona natural protegida de la Sierra de Zapalinamé.

¿Cómo surgió este asentamiento y por qué ha crecido a lo largo de más de dos décadas, a pesar de ubicarse en una zona donde el desarrollo habitacional está prohibido? La respuesta es bastante simple: porque las autoridades −municipales, estatales y federales− han actuado de forma permisiva y han “tolerado” que, en un primer momento, se realizara el asentamiento original y, con posterioridad, se siguieran vendiendo predios en dicha zona.

El resultado de ello es un problema doble: por un lado, tenemos la amenaza al área natural protegida; del otro, un problema social caracterizado por la existencia de un conjunto de familias, de origen humilde, que vive en condiciones precarias y hoy reclaman que su situación sea “regularizada”.

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Se trata de un círculo vicioso que hemos visto desarrollarse en múltiples ocasiones y en áreas diversas: desde la introducción ilegal de automóviles al país hasta el desarrollo de la actividad minera.

Pero el hecho de que sea frecuente no debe traducirse en su normalización y, por ello, en casos como el señalado, la respuesta no puede ser otra que la realización de las acciones que sean necesarias para lograr el objetivo de proteger un área natural “protegida”.