Signo de nuestros tiempos: El descontento generalizado con la democracia

El signo de nuestros tiempos es el descontento −en todas partes− y la insatisfacción ha llevado a despreciar la democracia. En su sentido básico, se refiere a autoridades electas en contiendas razonablemente justas, Poder Ejecutivo acotado por el Legislativo y el Judicial, y constitucionalidad de los actos de autoridades y de las decisiones legislativas. La irrupción del populismo conduce a la autocracia, es decir, un gobernante fuerte sin los contrapesos propios al arreglo democrático.

Son varias las razones de la insatisfacción. Algunos apuntan a la incapacidad de la economía para corresponder a las expectativas sociales. No sólo es un tema de pobreza y desigualdad, también el deseo de las clases medias de mayores satisfactores, ampliación de los tiempos de ocio y esparcimiento, además de acceder a los bienes que el cambio tecnológico e informático ofrecen. La cultura de consumo crea nuevas necesidades que el sistema es incapaz de satisfacer. La sociedad, ahora más exigente, no guarda memoria de las limitaciones y la escasez de generaciones pasadas. En el caso mexicano, olvidados están la inestabilidad económica y deterioro de la economía personal.

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Se puede decir que las exigencias son resultado de las buenas cuentas del pasado. En cierto sentido la insatisfacción viene del éxito del sistema; en muchos sectores sociales existe la crisis de expectativas, que giran en torno a la economía. Todo hace sentir el menor aprecio por las libertades y los derechos asociados a la democracia porque se consideran como recursos al servicio de unos cuantos o funcionales a la concentración de la riqueza y del poder.

Lo que parece ser un rasgo común en todo el mundo democrático es el descrédito del sistema de representación política o de funcionarios electos y partidos políticos. Al respecto, en una encuesta del Pew Research Center en 2023, realizada en 24 países, muestran que el 59 por ciento de los encuestados no está satisfecho con la democracia. En la pregunta sobre si los funcionarios electos cuidan de lo que piensan las personas, 74 por ciento afirma que no. En México el valor fue de 78 por ciento. En Argentina, España y Estados Unidos la respuesta fue de más de 83 por ciento. En relación con los partidos políticos, 42 por ciento afirmaba que ninguno de los partidos lo representaba; en México, el porcentaje fue del 53.

Un dato revelador para México es la manera como se ha normalizado la militarización de la vida pública, seguramente por el impacto de la violencia, como muestra la respuesta a la pregunta respecto a que si los militares mandaran sería bueno o malo para el gobierno del país. En los 24 países, 83 por ciento señala que es muy malo o algo malo y 15 por ciento positivo. En México, 40 por ciento afirma que es malo y 58 por ciento que es bueno.

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La sociedad actual ha migrado en su visión del gobernante sin contrapesos del Congreso y del Poder Judicial. En las 24 naciones encuestadas, el 26 por ciento afirma que un sistema con un líder fuerte sin interferencia del Poder Legislativo o de las Cortes sería bueno para gobernar al país. En México la cifra se eleva a 50 por ciento. Los únicos países que le superan son India con 67 por ciento, Indonesia con 51 por ciento y Kenia con 52 por ciento. En Estados Unidos y Canadá, 26 y 19 por ciento, respectivamente. El valor más bajo lo tiene Suecia con 5 por ciento.

El estado de salud de la democracia no es muy prometedor, aunque en la mayoría de los países democráticos, incluyendo EU, los valores y actitudes asociadas al liberalismo político persisten más allá del avance del populismo y de la polarización. Europa guarda una situación singular por el aumento de la xenofobia que ha impulsado a los partidos de ultraderecha, situación no muy distinta a EU con el discurso antimigrante de demócratas y republicanos, especialmente Donald Trump y su movimiento MAGA.

En México el impulso antidemocrático ha trascendido a la retórica radical y ha llevado a la afectación de los fundamentos de la democracia. La militarización de la seguridad nacional, la destrucción del Poder Judicial federal y de la Suprema Corte, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y la colonización de entidades fundamentales como la CNDH, el INE y el Tribunal Electoral dan cuenta de un nuevo régimen próximo a la autocracia. La duda es si este impulso tendrá continuidad con la afectación constitucional a las instituciones electorales y a la integración plural de los órganos de representación.