Sinaloa, 10 meses de guerra: ¿quién maquilla las cifras?
Estamos ante una política de Estado para maquillar cifras y, por tanto, no hay manera de creerles en Palacio Nacional cuando afirman que, salvo la extorsión, todos los delitos, incluido el de homicidio doloso, van a la baja
Son más de las 12:00 de la noche del lunes pasado a un costado de la carretera México-Nogales. Estamos a la altura del kilómetro 11, en la salida norte de Culiacán, la capital de Sinaloa. Ahí yacen los cuerpos de 20 hombres, cinco de ellos decapitados. Galería del terror con el sello de las guerras narcas: cuatro restos sin cabeza fueron colgados del barandal del puente que cruza al Seminario Diocesano. Cuatro colgados sin cabeza. El resto de los despojos, 16, fueron abandonados dentro de una camioneta tipo Van. Uno de ellos también estaba decapitado. En bolsas de plástico, las cabezas de los cinco cercenados. Dentro del vehículo fue colocada una manta con un mensaje dirigido por un cártel a otro.
Any given Sunday in Sinaloa, diría un agente veterano de la DEA.
El próximo miércoles, que será 9 de julio, se cumplirán diez meses de guerra sinaloense entre dos cárteles. ¿Por qué? Primero, porque se pelean el mercado de las drogas en México y el trasiego hacia Estados Unidos, pero también el tráfico de armas, de personas y las extorsiones locales. Además, tanto Los Chapos como Los Mayos se miden para ver quién es más malote. Ya sabe usted, la machista narcocultura de la santa muerte esparcida por todo México a punta de corridos, sicarios, balazos y buchonas.
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El hallazgo ya es considerado como el hecho violento con más víctimas que se ha registrado desde el pasado 9 de septiembre, cuando inició abiertamente la guerra entre Los Chapitos −hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus fieles− y La Mayiza, grupo leal a Ismael “El Mayo” Zambada, ambas facciones de lo que antes era el Cártel de Sinaloa. Como recordatorio, esta pelea brutal fue detonada en agosto pasado por la entrega de “El Mayo” a las autoridades de Estados Unidos, presuntamente luego de una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.
Así que, desde septiembre pasado, cuando empezó esta nueva guerra narca entra chapitos y mayitos, y hasta el último día de junio, se han perpetrado mil 538 asesinatos dolosos, según las estadísticas de la Fiscalía estatal. Ese es el saldo: un promedio de 153 casos por mes. Antes de que iniciara el nuevo narco conflicto, el promedio local era de menos de 50 asesinatos, que ya de por sí era un número muy elevado. Es decir, los homicidios se triplicaron. Y todo podría ser peor: un recuento publicado en El Universal registra que en realidad son mil 612 los asesinatos en el periodo.
Como sea, además de la cuantiosa pérdida de vidas hay algo muy preocupante en este caso, porque podría repetirse a escala nacional: se trata del subregistro del gobierno federal. Si tomamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos de septiembre a mayo (los datos de junio todavía no están disponibles públicamente) sólo fueron mil 052 contra mil 331 de la Fiscalía de Sinaloa, es decir, que 279 asesinatos desaparecieron de la estadística que divulga el Gobierno Federal.
Sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: en algunos estados, como fue el caso de Michoacán, se maquillaban las cifras para tratar de ocultar los graves niveles de violencia que existían. La pregunta ahora es quién está distorsionando los datos en el Gobierno Federal, porque es absurdo pensar que el mandatario sinaloense, Rubén Rocha Moya, está registrando más asesinatos en su estado... para perjudicarse a sí mismo. En cualquier caso, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, tendría que explicar esto. O Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O Juan Antonio Suárez Sánchez, titular del Centro Nacional de Información. ¿O el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch?
O que expliquen todos juntos, porque si esa diferencia entre los datos de Sinaloa y los del gobierno de Claudia Sheinbaum se está replicando en otras entidades y en diferentes delitos, estamos ante una política de Estado para maquillar cifras y, por tanto, no hay manera de creerles en Palacio Nacional cuando afirman que, salvo la extorsión, todos los delitos, incluido el de homicidio doloso, van a la baja. Mientras tanto, Sinaloa ya se perdió.
