Sustracción de menores: ¿un delito fuera de control?

Se ha dicho en todos los tonos posibles, pero el argumento no parece tener eficacia en el propósito de provocar la reacción deseable en las autoridades gubernamentales de nuestro país: el seguimiento estadístico de los fenómenos sociales no puede ser un simple hecho anecdótico.

El señalamiento no es trivial. El país destina enormes cantidades de recursos, proveídos por los contribuyentes, para darle seguimiento a variables que son relevantes en el propósito de incrementar la calidad de vida de la población. Y ese dinero solamente estará bien invertido cuando la estadística sea incorporada, de forma sistemática, como una variable con peso relevante en el diseño de las respuestas gubernamentales a la realidad cotidiana.

Los ejemplos que pueden señalarse al respecto son muchos, pero baste uno que cualquiera puede constatar fácilmente: el seguimiento sistemático de la incidencia de enfermedades transmisibles, en particular el de las muertes provocadas por estas, constituyó un elemento esencial para diseñar y ejecutar las políticas de vacunación masiva en México y el mundo.

Producto de tal seguimiento, fue posible enfocar los esfuerzos del sector salud allí donde más se requerían y monitorear de manera más cercana los lugares de mayor incidencia. Como resultado ulterior de dicho esfuerzo, los seres humanos incrementamos en más de dos décadas nuestra esperanza de vida.

Lo mismo ocurre con todos los fenómenos –naturales y sociales– a los que hemos decidido dar seguimiento puntual. Los datos, producto del monitoreo, deben ser incorporados a los procesos de toma de decisiones para mejorar los resultados y/o minimizar los efectos negativos.

Pero cuando se pierde de vista la necesidad de emplear con rigor la estadística, el resultado es sólo uno: el impacto negativo que esto genera en la vida de las personas no tarda en aparecer y multiplicarse.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la incidencia en el delito de retención o sustracción de menores en nuestro país. La estadística tendría que encender todas las alarmas y obligar a las autoridades a dictar medidas de emergencia.

Y es que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en nuestro país se registra un incidente de este tipo cada 38 minutos en promedio. Eso implica que cada semana se sustraen ilegalmente de sus casas a 266 menores. Estamos hablando de casi 14 mil casos en el año, considerando la incidencia que se tiene contabilizada en los primeros seis meses de 2026.

Se trata de una cifra brutal que retrata una realidad inadmisible y que, por lo mismo, demanda respuesta inmediata. Un sólo menor que sea sometido a la violencia que implica convertirse en “rehén” de un conflicto entre adultos es demasiado. Que esa realidad afecte a miles de menores en nuestro país resulta intolerable.

Cabría esperar por ello que la estadística deje de servir sólo para alimentar encabezados alarmantes y pase a nutrir políticas públicas eficaces.