Universidades ‘patito’: ¿qué hace la autoridad educativa?

Una de las principales razones que justifican la existencia del Gobierno es que las reglas a partir de las cuales hemos construido la sociedad se cumplan sin excepción. En otras palabras, de lo que se trata es de contar con una autoridad que impida los abusos, excesos y omisiones porque estos nos pasan factura a todos y no solamente a quienes los padecen directamente.

Pero cuando la autoridad abandona sus responsabilidades, sea por incompetencia o, peor aún, por corrupción, la existencia de las instituciones públicas no sólo va dejando de perder objeto, sino que esto pone en riesgo el arreglo social como lo conocemos.

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No es un asunto menor el que, frente a una autoridad que ignora las violaciones legales, los fenómenos indeseables se reproduzcan y multipliquen, dejando en claro que las reglas a las cuales debiéramos sujetarnos todos simplemente no existen en los hechos.

La premisa aplica lo mismo para la seguridad pública –sin duda el aspecto en el cual resulta más evidente el riesgo de abandonar las responsabilidades públicas– hasta cuestiones tan simples como la realización de trámites para el acceso a derechos elementales.

Por ello, todas las conductas que implican violaciones legales debieran encontrar en la comunidad un rechazo sin fisuras, de forma que las autoridades no puedan ignorar los hechos y se vean obligadas a actuar frente a las irregularidades.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la persistencia de las denominadas “universidades patito”, es decir, presuntas instituciones educativas que ofrecen al público la posibilidad de estudiar una licenciatura o un posgrado, pero carecen de la autorización oficial para ello.

Resulta inadmisible que, frente al fenómeno, las autoridades consideren que su deber es “advertir” al público y pedirle que “ponga mucha atención” antes de inscribirse en una institución –sobre todo si es privada– para estudiar una carrera porque corren el riesgo de ser estafados.

Lejos de tal actitud, la obligación de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas es la de impedir que las ofertas fraudulentas de estudios puedan siquiera presentarse al público. Si una institución no cuenta con los permisos para operar debe ser impedida para hacerlo.

Ninguna explicación, por “robusta” que parezca, le sirve a quien decide inscribirse en una “universidad patito”, paga por la instrucción que esta ofrece, concluye un plan de estudios y, al final, se encuentra con que no puede ejercer la profesión que estudió porque la institución en la cual se inscribió no cuenta con la autorización oficial para hacerlo.

¿Qué se necesita para que las autoridades responsables de vigilar que el Estado de derecho sea una realidad en nuestro país cumplan con el deber que tienen de implementarlo? No parece muy complicado hacer recorridos periódicos e impedir que operen estas escuelas fraudulentas. Alguna buena explicación habrá para que no ocurra... o que no sea eficaz.