Usuarios sin opciones: Servicios ‘privados’ de agua potable en Saltillo

El agua, de acuerdo con la Constitución Mexicana, es un derecho humano y, como tal, es uno de carácter universal que debe ser garantizado por el Estado. Pero eso es solamente la teoría, pues en la práctica siguen registrándose prácticas alejadas de dicho ideal.

Una de ellas es la que viven vecinos de sectores como Los Pinos, Valle Real y Residencial San José, en Saltillo, quienes para tener acceso al servicio de agua deben someterse a las condiciones que les impone una “asociación civil” que, en los hechos, opera como una empresa privada.

TE PUEDE INTERESAR: Región Sureste: Ante posible onda gélida hay que tomar previsiones

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, en las referidas demarcaciones opera la Asociación de Colonos del Noreste de Saltillo (ACNS) como proveedora del servicio, sin que exista la posibilidad de que los usuarios puedan optar entre esta y la empresa mixta, Aguas de Saltillo, que provee el servicio a la mayor parte de la mancha urbana.

¿Quién y cómo regula el funcionamiento de esta “Asociación”? ¿Por qué se permite que una organización privada sujete a los vecinos del área bajo su influencia a sus propias reglas?

No existe, por lo pronto, respuesta cierta a las preguntas anteriores. El gerente de Agsal, Iván José Vicente García, ha dicho al respecto que desconocen la forma como opera el organismo:

“Desconocemos un poco el modo en el que hacen esta gestión, suministro o la concesión de este servicio. Lo que sí estamos seguros es que no hay red hidráulica municipal, por tanto, nosotros no tenemos la competencia para darles el servicio”, dijo el funcionario.

Los responsables de la Asociación claramente se comportan como un organismo que no está obligado, ya no digamos a rendir cuentas sobre la forma como opera, sino ni siquiera a conceder una entrevista a los medios de comunicación, tal como les fue solicitado.

¿Quién y bajo qué criterios autoriza las tarifas por el “servicio” que presta dicha organización? ¿Quién supervisa la calidad del agua que proveen a través de su red privada? ¿Qué mecanismos de defensa tienen los usuarios frente a los abusos que eventualmente cometan?

Tampoco hay respuesta para las preguntas anteriores.

Lo más grave del asunto es que no estamos hablando de áreas marginadas o de zonas periféricas de la ciudad donde la operación de este tipo de “servicios” pueda considerarse “un mal necesario” porque no existe alternativa para quienes allí habitan u operan negocios.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: 22 años después, fraccionamientos del norte siguen con servicio ‘privado’ de agua

Lejos de tal posibilidad, estamos hablando de áreas que se encuentran en la zona urbana de Saltillo y, por tanto, tendrían que estar sujetas a las regulaciones estrictas que se exigen para el caso de Agsal.

Cabría esperar que, ante la exposición del caso, las autoridades responsables de garantizar el derecho humano al agua, tal como lo marca la Constitución, actuaran en consecuencia y ello se tradujera en el ordenamiento de este tipo de casos.