Vigilar y castigar en México: El Panóptico en la era digital

En 1791, el filósofo británico Jeremy Bentham presentó un modelo penitenciario que consistía en un edificio en forma de anillo −en donde estarían las celdas individuales−, en cuyo centro se ubica una torre desde donde un único vigía supervisa a todos los reclusos. Dentro de su modelo, era esencial que el custodio no pudiese ser visto, de tal manera que los prisioneros no supieran si eran observados en un momento determinado. Bentham denominó a este modelo carcelario el Panóptico, es decir, “desde donde todo se ve”.

El filósofo británico confiaba que este prototipo de prisión disuadiría las malas conductas de los presos, ya que al sentir la mirada incesante del vigilante temerían la omnipresencia del poder, interiorizando sus efectos. Incluso, consideraba que el Panóptico se podría aplicar en otros ámbitos en donde la disciplina de los sujetos es un requisito y la eficiencia un objetivo, como en los hospitales, escuelas y fábricas.

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Casi dos siglos después, el intelectual francés Michel Foucault retomó el concepto del Panóptico en su libro “Vigilar y Castigar” (1975) para explicar cómo el perfeccionamiento de los dispositivos de poder vuelven obsoleto el ejercicio del mismo. Es decir, el poder real de una persona o institución se manifiesta no tanto por las acciones punitivas que ejerce en contra de quienes lo desobedecen, sino más bien, si los otros acatan su voluntad sin siquiera tener que recurrir al castigo.

Cuando ya es innecesaria la acción punitiva podemos afirmar que los sujetos han interiorizado la disciplina y la vigilancia impuesta, a tal grado que no se requiere de una amenaza sancionatoria para que cumplan con la voluntad del poder. La docilidad es la consecuencia de la vigilancia constante, invisible y, en última instancia, autoimpuesta. Para Foucault, el Panóptico es una metáfora de los mecanismos por los cuales las personas interiorizamos el poder.

La semana pasada, en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, se aprobaron distintas leyes y reformas que generan los efectos intimidatorios de un Panóptico, con la enorme diferencia de que no estamos privados de nuestra libertad en una penitenciaría, en donde la vigilancia policial constante es una necesidad. Me refiero a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional y sus reformas adyacentes, la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La nueva legislación permite a la Guardia Nacional −que aunque originalmente sería de naturaleza civil, hoy está incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)− solicitar a las empresas de telefonía la información con la que cuenten, así como la georreferenciación (GPS) de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de delitos (Art. 9, Fr. XXVI de la Ley de la Guardia Nacional).

Asimismo, la nueva Ley de Telecomunicaciones establece en su artículo 183 que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia entregando la localización geográfica en tiempo real de sus usuarios cuando así lo soliciten.

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El texto legal no es claro respecto a si estas atribuciones requieren de autorización judicial. Debemos esperar a ver cómo se implementa en los hechos. En caso de que las autoridades militares que apliquen la ley interpreten que no se requiere de autorización y que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación −que inicia sus funciones el 1 de septiembre− valide esta interpretación, podemos afirmar que estaremos en un Estado en donde el ejército podrá espiarnos legalmente.

Es innegable que México atraviesa una crisis de violencia que urge atender con una política de seguridad eficaz. Lo que es cuestionable y criticable es que se establezca una norma de carácter general que permita la intervención arbitraria del ejército en nuestras comunicaciones personales y sin autorización judicial. Si en 2022 nos enteramos por medio de los Guacamaya Leaks sobre el espionaje generalizado que realizaba el ejército mexicano, las leyes aprobadas por el Congreso la semana pasada le dan estatus legal a estas prácticas características de un Estado espía y autoritario.

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