Violencia de género: debe ser erradicada
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El abuso de su posición, por parte de quienes se ubican por encima de otras personas en razón de alguna jerarquía, es una de las formas condenables de abuso de autoridad
La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, resulta injustificada con la excepción de los casos en los cuales se actúa en defensa propia. Y por ello justamente, se trata de una conducta que debe ser condenada sin ambigüedades y combatida sin concesiones.
La afirmación anterior resulta particularmente cierta cuando la violencia es ejercida por individuos que ostentan una posición de superioridad respecto de quienes son víctimas de tal conducta. Una circunstancia que agrava el hecho es que el perpetrador sea una figura pública, es decir, alguien que actúa desde la perspectiva de la impunidad.
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Ninguna sociedad que aspire a considerarse democrática puede darse el lujo de tolerar conductas que implican el abuso sobre los débiles, por ello la reacción inicial, como ya se ha dicho, debe ser la de condenar los hechos y demandar que sean investigados y castigados.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las denuncias que ha acumulado, en el lapso de unas pocas horas, el exdiputado federal por Coahuila y exfuncionario del Gobierno del estado, Aldo Mauricio Martínez Hernández.
De acuerdo con la información conocida, Martínez Hernández fue señalado, el fin de semana anterior, por haber agredido físicamente a su cónyuge, razón por la cual fue arrestado por la Policía Municipal de Saltillo y consignado como presunto autor de una conducta delictiva.
Unas horas después, Martínez Hernández, quien se desempeñaba como catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue señalado por una de sus alumnas −menor de edad− de haberla acosado sexualmente, hechos por los cuales también ha sido acusado penalmente, se ha iniciado una investigación y se activaron protocolos de protección en las instalaciones universitarias.
Más allá de la presunción de inocencia, a la cual el señalado tiene derecho, resulta relevante la acumulación de denuncias en su contra en el lapso de unas horas y, al tratarse de una figura pública, el caso cobra relevancia.
Adicionalmente es preciso tener en cuenta que no se trata de rumores o habladurías, sino de hechos concretos: un arresto ante una denuncia puntual que los agentes policiales de alguna forma constataron y los señalamientos de una alumna que, como circunstancia agravante, es menor de edad.
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Casos como este dejan de manifiesto el largo tramo que aún debemos recorrer para convertir en realidad la promesa que se ha hecho a las mujeres, desde el texto de las leyes, de garantizarles una vida libre de violencias, pues queda claro que los patrones socioculturales sobre los cuales se ha construido esta realidad indeseable siguen allí.
Cabría esperar, desde luego, que a partir de las denuncias realizadas −en este y múltiples casos adicionales− autoridades y sociedad asumamos una posición de mayor compromiso con el combate a las conductas que normalizan la violencia y permiten a los autores de esta el acceso a la impunidad.