¿Y Rocha Moya?

El 29 de abril de este 2026, la Oficina del Abogado de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York informó que el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más estaban acusados formalmente de “tráfico de drogas y ofensas relacionadas con armas de fuego”. En específico, se señaló que estos individuos “conspiraron con los líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.

Entre los personajes más reconocidos están Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Gerardo Mérida Sánchez; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. A excepción de Inzunza, quien sigue en su cargo y cuenta con la protección del fuero constitucional, los otros renunciaron o pidieron licencia. En el caso de Mérida Sánchez, él mismo se entregó a las autoridades estadounidenses en la frontera de Nogales, Arizona, y fue trasladado a Nueva York.

La reacción del Gobierno de México fue inmediata: que presentaran las pruebas. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si no existían evidencias claras, contundentes e irrefutables, entonces resultaría obvio que las imputaciones tenían una motivación política. Incluso se reconoció, además, que habían recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Dos días después del anuncio, Rocha pidió licencia. Tras 112 días de investigación, la Fiscalía General de la República informó en julio que hasta ese momento no tenía elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra él, aunque la indagatoria continuaba.

El 21 de agosto, Rubén Rocha apareció nuevamente. Dijo regresar con “la frente limpia y en alto”. Argumentó que no existían elementos que acreditaran un delito y que, por lo tanto, tenía derecho a terminar el mandato para el que había sido electo. La lógica, por lo menos jurídicamente, parecía sencilla: si no había pruebas, ¿por qué no podía regresar?

Ahí comenzó el verdadero espectáculo. Dirigentes, legisladores y gobernadores de Morena cuestionaron su regreso. Desde la Presidencia llegaron mensajes políticos inequívocos. Lo que unas horas antes parecía jurídicamente aceptable se volvió políticamente intolerable. Rocha duró alrededor de 34 horas como gobernador. El 22 de agosto volvió a pedir licencia, ahora con carácter indefinido.

Del regreso de Rocha se ha escrito mucho. Que si los pleitos internos de Morena, el equipo de la Presidenta contra Andy, que comanda el equipo del expresidente López Obrador. Otros especulan que lo hizo cual caja china, para cambiar de tema nacional y liberar a Andy López Beltrán de una ofensiva mediática que a diario lo acribillaba sin que pudiera meter las manos. Lo cierto es que regresó, la Presidenta se opuso a ello y volvió a dejar el cargo.

Ahora, la pregunta que obliga es muy clara. ¿Y Rocha? ¿Acaso fue todo? Tanto drama para que el señor esté de regreso en su casa descansando y gobernando tras bambalinas. Porque si era inocente y no había elementos en su contra, ¿por qué resultaba inmoral, inconveniente o políticamente inadmisible que gobernara?

Pero si las acusaciones eran suficientemente serias como para provocar una operación política de ese tamaño, para sacarlo del Gobierno de Sinaloa, entonces las preguntas son más sencillas: ¿Por qué solamente le pidieron que se fuera? ¿Por qué una licencia? ¿Por qué no una investigación con consecuencias? ¿Por qué no una determinación ministerial clara? ¿Por qué no un proceso judicial que establezca, de una vez por todas, si las acusaciones tienen sustento o no? Una licencia no es justicia; una renuncia tampoco. Mucho menos un retiro temporal de la vida pública. México lleva décadas confundiendo responsabilidad política con responsabilidad penal.

Cuando un funcionario incómodo se convierte en un problema, lo cambian de puesto. Cuando el escándalo crece, le aceptan la renuncia. Cuando es amigo, a veces hasta termina en una embajada. Y cuando el costo político resulta demasiado grande, desaparece prudentemente de las fotografías oficiales. Eso no es impartición de justicia: es administración del escándalo. Y el caso Rocha empieza peligrosamente a parecerse a eso.

El general Mérida Sánchez ya compareció ante un juez. Mientras en Estados Unidos existe un proceso penal federal abierto, en México el gran debate parece haberse reducido a decidir si Rocha puede o no sentarse en la silla de gobernador. Ese es justamente el problema. La justicia no consiste en quitarle la silla a alguien, sino en investigar, en integrar pruebas. Consiste, de existir elementos, en acusar y llevar a una persona ante un juez. Y consiste también, cuando esos elementos no existen, en cerrar la investigación y declarar públicamente que la persona fue acusada sin fundamento. Lo demás es simulación.

No podemos permanecer eternamente en ese cómodo espacio mexicano donde alguien es demasiado cuestionado para gobernar, pero aparentemente no lo suficiente para ser procesado. O existen elementos o no existen. Si los hay, que lo digan con todas sus letras y asuman el costo político de haberlo obligado a dejar nuevamente el gobierno. Si los hay, que proceda la Fiscalía.

Lo que no resulta aceptable es utilizar una licencia como sustituto de una sentencia, una separación del cargo como sustituto de una investigación o el destierro político como sustituto de la justicia. Porque entonces no estamos castigando la corrupción ni combatiendo la impunidad, sino escondiendo el problema.

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