Albañiles y enfermeras, prestanombres en caso Juan Collado... ¡y ellos ni enterados estaban!

Un socio y una directiva de Administradora Cimatario, S.A. de C.V., —una de las cuatro empresas investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del caso Juan Collado— afirman que desconocían que ellos formaban parte del Consejo de Administración de dicha compañía. 

Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez aparece como Comisaria de Vigilancia de la empresa señalada por la FGR por lavado de dinero. Sin embargo, hasta la entrevista con EL UNIVERSAL, ella desconocía de esa posición: “No tengo nada que ver con esas empresas (...) soy enfermera”, asegura. 

“En una ocasión el dueño de la inmobiliaria (Sergio Bustamante, quien inició la denuncia contra Collado) habló con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le firmaran unos documentos. Ellos, con necesidad, aceptaron. Cuántas personas más no habrán caído en sus engaños”, dice Guadalupe Ventura.

José David Aguilar Vega, de 74 años, aparece como socio fundador de Cimatario; él sostiene que fue su hermana, esposa de Bustamante, quien le dio a firmar documentos, supuestamente para testificar sobre la compra-venta de una propiedad.

“Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la Fiscalía del estado me requirió para declarar (...) Yo no soy dueño de nada”, dice el hombre que ahora vive de una pensión de 2 mil 800 pesos y remesas que envían sus hijos desde Estados Unidos.

Con engaños los hicieron "socios" Familiares, amigos y empleados que trabajaban en las obras de construcción de las inmobiliarias y constructoras relacionadas a la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las empresas vinculadas a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. —y que llevaron al conocido abogado Juan Collado Mocelo a prisión— eran usados como prestanombres.

  EL UNIVERSAL dio a conocer los detalles de la fundación de cada una de estas empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles y las coincidencias entre ellas, desde sus peculiares formas de aperturar hasta lo itinerante de sus socios.

Administradora Cimatario, S.A. de C.V., Administradora Ario, S.A. de C.V., Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V., y Despacho Integral de inmuebles, S.A. de C.V., fueron fundadas en Querétaro y desde su apertura han tenido una rotación de los socios, apoderados y miembros del consejo e inesperadamente cambiaron de domicilio fiscal.

El Gran Diario de México buscó a algunos de los socios de las empresas cuestionadas y confirmó que si bien las personas aceptan haber firmado documentos relacionados con las inmobiliarias, todas aseguran que fueron para fines distintos a los que los usaron.

Es el caso de José David Aguilar Vega, de 74 años, quien aparece como socio de la Administradora Cimatario, fundada el 5 de agosto de 2009, quien asegura que fue su hermana la que le dio a firmar unos documentos, pero dijo que eran para testificar sobre la compra-venta de una propiedad y no vio nada malo en eso.

La hermana de David es la esposa de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el demandante en el caso del jurista Collado Mocelo: “Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la fiscalía del estado me requirió para declarar sobre esta empresa, les dije lo mismo que a ustedes”, manifestó David.

“Yo no soy dueño de nada, yo trabajaba por mi cuenta vendiendo casas, poniendo anuncios en el periódico, pero desde que enfermé ya no he trabajado, estoy pensionado por el IMSS”, aseguró.

José David vive en un barrio de clase media en la capital queretana, la inmobiliaria de la que supuestamente fue dueño lleva el nombre del vecindario; él y su esposa Socorro viven de una pensión de 2 mil 800 pesos mensuales y la ayuda que reciben de sus dos hijos residentes en Estados Unidos. Refiere que hace tres años aceptó ser testigo en una transacción y no recibió dinero alguno a cambio.

“Yo les dije a las autoridades que revisen todo lo que tengo, si yo fuera dueño de empresas no viviría como vivo, vea usted mi carrito tan modesto, ya está viejito. Busquen todo sobre mí, por esta casa he trabajado toda mi vida”, enfatizó.

Al cuestionarlo sobre Norma de Bustamante, aclaró que debido al hecho de haber usurpado su identidad para fines probablemente ilícitos ya no tiene contacto con ella, dice estar indignado y molesto, pues nunca pensó que su hermana, la más pequeña, lo traicionara y metiera en dificultades de esta naturaleza, “cuando pidió mi firma de nueva cuenta, me negué, ella se molestó y me dejó de hablar”.

El caso de Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez no fue distinto, acepta que hace siete años fue empleada en Administradora Ario y firmó alguna vez como testigo en transacciones de compra-venta de propiedades y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues el dueño de la empresa le aseguró que le reducirían los impuestos.

Los padres de la supuesta comisaría de vigilancia de Administradora Cimatario nos recibieron en su casa y contactaron a Guadalupe, quien estaba trabajando.

Relataron que hace 38 años llegaron al barrio, compraron el terreno que entonces era el basurero de la zona: “Nos costó 4 mil pesos, y lo pagamos en abonos con mucho esfuerzo, apenas hace cinco años pavimentaron la avenida, le padecimos mucho, pero esta es nuestra casita, recibimos a nuestros hijos y nietos”, aseguró Antonia Gutiérrez, madre de Guadalupe.

Lupita, como la conocen en la colonia Lomas de Casa Blanca, asegura que no sabía que formó parte de la empresa Cimatario, dijo que el dueño era Bustamante Figueroa: “No tengo nada que ver con esas empresas, ya no trabajo en eso de las inmobiliarias, soy enfermera y ahora trabajo en mi profesión”.

Con cuatro hijos que atender, trabaja en una compañía de material quirúrgico para hospitales, vive con sus padres, pues está reuniendo los puntos de Infonavit para adquirir una vivienda.

“Si yo fuera socia en una inmobiliaria tendría no una, sino muchas propiedades, nunca supe para que usaron mi identidad, ellos tenían de todo, hasta equipos de futbol”, aseguró Lupita vía telefónica.

“Recuerdo que en una ocasión el dueño de la inmobiliaria habló con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le firmaran unos documentos, ellos, con necesidad de ganar más, aceptaron, cuántas personas más no habrán caído en sus engaños”, refirió.

La situación de Lupita y David contrasta mucho con la de los dueños y socios de inmobiliarias.