Beneficio. Según la investigación, el esquema benefició al extitular de la SSP desde 2005 hasta el 2018.2 mil 600 millones de pesos habría sido el recurso federal que desvío el exfuncionario. Cuartoscuro
Los recursos de estos contratos provienen de la partida de Seguridad Pública Nacional, misma que forma parte de las investigaciones que realiza la FGR

CDMX.- Pese a que Genaro García Luna dejó el servicio público en el año 2012, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto continuó operando una red de desvío de recursos federales por más de 2 mil 600 millones de pesos.

Así lo detectó la UIF que el 24 de diciembre de 2019 presentó dos denuncias ante FGR contra el exsecretario de SSP, actualmente acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según las pesquisas, el esquema de desvíos que supuestamente benefició a García Luna fue diseñado desde el año 2005, es decir, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando ocupaba el cargo de director de la AFI que realizó el montaje de la captura de la francesa Florence Cassez, acusada de presunto secuestro.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, identificó que el esquema consistió en la constitución de diversas empresas, entre las que destaca Nunvav, Inc., señalada como una compañía fachada, para ingresar recursos al sistema financiero nacional que después fueron enviados a paraísos fiscales o a centros financieros offshore.

Dicha empresa recibió nueve contratos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Peña Nieto y, según las pesquisas, también recibió recursos de la Tesorería de la Federación y del gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.

De los contratos con la Segob, Nunvav recibió recursos en los años 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares que fueron enviados a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao, con los que García Luna pagó su lujoso estilo de vida en Miami antes de ser detenido.

Los recursos de estos contratos provienen de la partida de Seguridad Pública Nacional, misma que forma parte de las investigaciones que realiza la FGR contra exfuncionarios del sexenio pasado por contrataciones irregulares.

Las dos denuncias que presentó la UIF por estos hechos están en la Fiscalía Anticorrupción federal y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, donde se radicó en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.