En Coahuila quedan en ‘exhortos’ recomendaciones de CNDH por caso Allende
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El alcalde no comprobó que algún funcionario haya sido destituido o que el daño haya sido repuesto a las víctimas
A casi un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación calificada como grave por los hechos violentos encabezados por el cártel de Los Zetas que ocurrieron entre el 19 y el 21 de marzo de 2011, el ayuntamiento de Allende, Coahuila, sólo ha manifestado una serie de exhortos a su personal.
A través de una solicitud de transparencia, VANGUARDIA pidió al Ayuntamiento de Allende las pruebas del cumplimiento de los puntos recomendatorios que les fueron turnados dentro de la recomendación VG10/2018 de la CNDH.
En su respuesta, el alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar expuso una serie de exhortos a unidades, policías y trabajadores de su ayuntamiento para cumplir con lo recomendado; sin embargo, no comprobó que algún funcionario haya sido destituido o que el daño haya sido repuesto a las víctimas señaladas, como debe ser detallado a la CNDH.
Entre sus puntos recomendatorios, la CNDH pidió al Presidente Municipal, colaborar con la PGR para la investigación de al menos 25 funcionarios involucrados en los hechos y su probable comisión de delitos de delincuencia organizada.
Además, la CNDH también solicita a la contraloría de dicho municipio, adjudicar responsabilidades administrativas a 26 funcionarios que pudieron colaborar con los hechos donde se agravia a al menos 49 víctimas; así como cumplir en las áreas de contraloría y seguridad pública municipal otra serie de puntos.
“No hagan detenciones arbitrarias”, solicitó en una de las cartas el presidente Municipal al personal de seguridad pública, tal y como lo solicita la CNDH.
En ese mismo estatus de cumplimiento desconocido permanecen los otros seis puntos recomendatorios turnados a dicha autoridad.
Asimismo, el Ayuntamiento de Allende publicó como pruebas de cumplimiento, la solicitud que se turnó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde se pide un curso de derechos humanos para sus elementos; sin embargo, hasta hoy no ha mostrado que dicho curso haya sido impartido.
Por otro lado, hasta hoy, el Gobierno Estatal no ha confirmado los términos en que se realizará la disculpa pública que les fue solicitada por el organismo nacional de defensa de los derechos humanos.
