Exigen a Coahuila garantizar libertades

Periodistas libres y organizaciones nacionales e internacionales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y principalmente ciudadanos, iniciaron un movimiento frontal para exigir al Gobierno de Coahuila garantizar las libertades.

Alarmados por el acoso y persecución contra los periodistas de VANGUARDIA, demandan también frenar de inmediato estos ataques, analizar la actuación del cuerpo élite policiaco del Estado, “Fuerza Coahuila”, y  sancionar las responsabilidades que resulten.

La campaña de desprestigio, espionaje e intimidación contra el personal y el ataque con fuerza desmedida en el que participó el cuerpo policiaco contra las propiedades del editor en jefe de esta empresa, Armando Castilla Galindo, encendieron vergonzosamente las alertas de los más prestigiados organismos en defensa del periodismo.

Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Protección para Periodistas (CPJ), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y las comisiones de Derechos Humanos Nacional y la del Estado de Coahuila, entre muchas otras organizaciones, condenaron las agresiones.

La exigencia es porque la madrugada del pasado viernes 6 de mayo un comando de 30 elementos de “Fuerza Coahuila” creó un cerco de más de dos kilómetros para proteger un “operativo policiaco”, según su testimonio, aunque en realidad se trataba de una actuación judicial mediante el que se despojó de su casa y todas sus pertenencias al editor Armando Castilla Galindo.

El supuesto lanzamiento, llevado a cabo con un proceso plagado de irregularidades e ilegalidades, pudo haber sido evitado por los abogados de la empresa, quienes llevaban la documentación que acreditaba la total y legal adquisición, inscripción y posesión del inmueble desde hace más de 20 años, pero los elementos policiacos lo impidieron creando un cerco de más de dos kilómetros.

“Fuerza Coahuila”, corporación a cargo del Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, allanó, invadió y causó destrozos en otras propiedades para atrincherarse y así dar tiempo para que el supuesto actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, acompañado de personas civiles, saquearan la propiedad y se llevara todos los bienes a un lugar aún desconocido.

En el irregular operativo empezado al amparo de la noche, pues amanecía del viernes pasado, participaron más de 130 personas, escoltadas todo el tiempo por las patrullas. La protección de los policías élite llegó al grado que para impedir la llegada al lugar en que se celebraba la audiencia, se posesionaron ilegalmente de predios privados ajenos al asunto reclamado, bloqueando las entradas con patrullas y hasta con maquinaria pesada.

Ante la indignación y reclamo periodístico en México y otros países, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez emitió un boletín informativo pretendiendo justificar la acción de los servidores públicos a cargo de Zamora.

La Secretaría de Gobierno “mañosamente” intentó confundir a la ciudadanía al decir que Castilla Galindo pidió frenar el operativo, cuando lo que el editor exigía es que permitieran conocer lo que ocurría.

Un despojo protegido por Fuerza Coahuila
1.- En mayo de 1995, una empresa de Grupo VANGUARDIA adquiere un predio en El Macho, junto a otros que ya había comprado, realizando cada uno de los trámites correspondientes.

2.- Desde entonces, se tiene la legal posesión del lugar, algo conocido públicamente pues en estas dos décadas en la casa se han celebrado reuniones y encuentros de corte periodístico.

3.- El pasado 5 de mayo VANGUARDIA denuncia una campaña de espionaje, intimidación, difamación y persecución; además informa que le fue notificada una demanda por daño moral contra Humberto Moreira Valdés, radicada en el Juzgado Segundo Civil de Saltillo.

4.- El mismo 5 de mayo un juez de la Ciudad de México envía un exhorto para cumplimentar el desalojo del inmueble propiedad de esta casa editorial, ordenando que se respeten los derechos de terceros que pudieran tener la posesión del predio. Coincidentemente el caso llega a manos del mismo Juez Segundo Civil de Saltillo.

5.- En un proceso caótico, clandestino y lleno de situaciones atípicas, ilegalidades y faltas procesales, menos de 24 horas después, a las 6 de la mañana del 6 de mayo, más de 100 personas llegan al predio protegidos por una treintena de policías de “Fuerza Coahuila”, quienes forman un cerco a dos kilómetros invadiendo otras propiedades privadas que resultaron con destrozos.

6.- Mientras los desconocidos y un presunto actuario saquean por completo la casa y se llevan los bienes en grandes camiones de mudanza, los policías se atrincheran e impiden el paso al propietario legal del predio (Grupo VANGUARDIA) y sus abogados, quienes nunca hasta ese momento son informados por autoridad alguna del reclamo del terreno por un tercero, pese a que presuntamente el litigio existe desde años atrás.

Hasta el cierre de esta edición, es decir, dos días después del despojo, ninguna autoridad informó en dónde están los bienes sacados de la vivienda.

LO QUE DEBE SER
Cuando una propiedad está en litigio, el procedimiento regular es:

NOTIFICACIÓN
+ Que se notifique a un tercero si es que éste tiene la posesión
- Nunca se recibió notificación alguna, pese a que el caso se ventila desde hace años

POLICÍAS
+ El auxilio de la fuerza pública  en las diligencias dentro de un procedimiento civil, no es el de impedir que las personas puedan estar presentes en la diligencia pudiendo hacer valer sus derechos. En este caso los elementos policiacos impidieron el acceso al lugar donde se celebraba la diligencia.

ACTUARIO
+ Se asigna un actuario, proceso que lleva de cinco a siete días
- Se asignó en el Juzgado Segundo en menos de 24 horas

UN TERCERO
+ Si hubiera un tercero en posesión del bien, se respetan sus derechos
- “Fuerza Coahuila” creó un cerco policiaco, con patrullas y hasta con maquinaria pesada para impedir el acceso de los abogados de Grupo VANGUARDIA

No había invasión y se impidió tener conocimiento a VANGUARDIA

1. La propiedad denominada "El Macho” se compró al señor Gustavo Antonio Lara Ramos y Contrapartes el 3 de agosto de 1995 como consta en el Registro Público de la propiedad hasta el día de hoy.

2. La casa (ya fincada) ha sido habitada y utilizada en multiples ocasiones desde 1998.

3. No obstante estar acreditado el derecho registral del traslado del dominio a nuestra 
empresa, desde el juzgado de origen se violó el respeto a ser oído y vencido en el proceso.

4. En ningún momento ha sido notificada, oída o vencida la empresa dueña de este inmueble por alguna acción legal.

5. Existe un contrato privado de comodato entre la empresa tenedora del bien con el señor Armando Castilla Galindo.