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La Fiscalía ha manifestado que no se pueden revelar los nombres de quienes se encuentran acusados en las carpetas de investigación, pero detalló que persiguen a servidores públicos “que manejaron, administraron, gestionaron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de las entidades” para cometer posibles actos de corrupción

De acuerdo con una solicitud de información presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de las 214 denuncias que presentó la Auditoría Superior del Estado de Coahuila por irregularidades financieras y agravios a las arcas públicas, dicho órgano apenas ha judicializado dos de los asuntos.
 
Aunque reiteradamente la Fiscalía ha manifestado que no se pueden revelar los nombres de quienes se encuentran acusados en dichas carpetas de investigación, detallaron que los dichos casos persiguen a servidores públicos “que manejaron, administraron, gestionaron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de las entidades” para cometer posibles actos de corrupción.
 
En la misma información detallada por la Fiscalía, se menciona que en otras dos de las denuncias, se ejerció la facultad de abstención de investigación por parte del ministerio público; facultad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la cual es aplicada cuando los agentes consideran que la denuncia o querella no contiene actos constitutivos de un delito.

Dichas denuncias, fueron expuestas en la página de la ASEC como parte de las irregularidades que han encontrado en diversos ejercicios fiscales, actos que fueron denunciados por la vía penal al parecer tratarse de actos de corrupción.
 
Pese a que ya existe una resolución que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información tuvo que reponer por orden del INAI respecto a este tema, la Fiscalía Anticorrupción por segunda ocasión negó dar los nombres de los nombres de los acusados o los presuntos responsables de las mismas 214 denuncias.
 
Fue durante el mes de julio cuando en la plenaria desarrollada en Guerrero, Coahuila, el ICAI falló para que la Fiscalía Anticorrupción revele datos de imputados y hechos que se investigan en las 214 denuncias penales presentadas ante esta instancia por parte de la Auditoría Superior del Estado.
 
La definición se dio al señalar que en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el 62 de la Ley del Estado en la materia, se sostiene que estos datos en posesión de la Fiscalía Anticorrupción, no son susceptibles a reserva y en la ley se prevé una prohibición a la clasificación relacionada con actos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos ya que estos son de impacto social y merecen el escrutinio público.