Ley de Seguridad del PRI da carta abierta al Ejército para allanar los derechos humanos: oposición
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De acuerdo con datos oficiales, entre 2007 y 2015, la guerra contra el narcotráfico en México ha conducido al asesinato de 186 mil personas. El pasado 9 de febrero, fue abatido el líder del Cártel de Los Beltrán Leyva en Nayarit, junto a 7 personas más. Algunos de los muertos eran niños, aseguró el opositor Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, esta versión fue negada por la Marina.
CDMX.- Legisladores de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados tenían previsto discutir hoy, en el Día del Amor y la Amistad, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga al Ejército la posibilidad de suplir labores policiacas en territorio y por el tiempo determinado por el Presidente de la República. La oposición ve en los recientes hechos de Nayarit una antesala de lo que podría traer consigo esta legislación.
La intervención de las fuerzas armadas en Tepic, Nayarit, terminó con un enfrentamiento contra supuestos miembros del cártel de Los Beltrán Leyva dentro de la colonia residencial Lindavista.
Las autoridades acusaron a los abatidos, entre los que se encontraba Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2″, de abrir fuego. Imágenes que circulan en la red muestran el momento en el que un helicóptero de la Marina llega al sitio de combate. El incidente levantó polémica sobre los cuidados del personal militar para no afectar inocentes civiles.
“El Ejército tiene una formación de exterminio. El ejemplo lo tenemos en lo que acaba de hacer la Marina (en Nayarit), donde se ve un helicóptero y mataron a un líder del cártel, lo cierto es que nosotros tenemos información de que hubo gente inocente que en realidad falleció”, dijo el Diputado de Morena, Alfredo Basurto Román, quien advirtió que de aprobarse esta iniciativa podría aumentar estos casos.
El Ejército mata a ocho personas por cada una que resulta herida durante sus enfrentamientos con particulares, de acuerdo a una estadística hecha por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó que es un escenario posible que más de estos operativos opacos se den bajo la Ley de Seguridad Interior.
“Donde se justifica por la situación de afectación a la seguridad nacional este tipo de asuntos; donde se podría contar con un marco y volver a ver lo de hoy: al Secretario de Marina saliendo a decir que todos los que murieron ahí eran sicarios y no hay evidencia –más que su dicho– de que las cosas sean así”, opinó.
El 27 de octubre, el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, presentó la iniciativa que prevé la incursión del Ejército en tareas de seguridad pública.
El hecho de que los militares participen en asignaciones que la Constitución otorga sólo a policías ha levantado a la oposición en la Cámara de Diputados.
“Nosotros como PRD tenemos perfectamente claros los ámbitos de actuación y las jurisdicciones. El ámbito militar y civil son espacios totalmente diferentes. Esta iniciativa es anticonstitucional”, dijo la Diputada federal Cristina Gaytán Hernández, quien funge como Secretaria de la Comisión de Defensa Nacional.
El 11 de diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío al Ejército a Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. El choque frontal no dio los resultados prometidos.
Durante el periodo de Felipe Calderón hubo 56 homicidios por día, mientras que con el ex mandatario Vicente Fox fueron 27.
Estadísticas del CIDE determinaron que en el periodo de Calderón, cada combate en el que se vieron enfrascadas Fuerzas Armadas y narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en esos municipios en un 6 por ciento. Pero si la Secretaría de la Defensa Nacional era la implicada en el enfrentamiento el porcentaje subía a 9.
Llegado su turno, el Presidente Enrique Peña Nieto continúo con la utilización de las Fuerzas Armadas para perseguir al crimen organizado. Y desde el 20 de diciembre del año pasado ha dado abiertamente un espaldarazo a la iniciativa de Seguridad Interior.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Calderón sumó al final de su sexenio 104 mil 794 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que Peña Nieto en cuatro años, entre 2013 y 2016, registra un total de 91 mil 244 carpetas por este delito.
Esta mañana, un grupo de organizaciones de la sociedad civil protestó en contra de la iniciativa presentada originalmente por el PRI, y a la que se suman otras, en el Senado, del PRD y Partido Acción Nacional (PAN).
La propuesta del PAN en el Senado, por el Senador Roberto Gil Zuarth, y la del Sol Azteca, hecha por el Senador Miguel Barbosa Huerta, coinciden con la propuesta del Tricolor en que será el Presidente de la República el que determinará cuando decretar la Seguridad Interior en un lugar para que intervengan las Fuerzas Armadas.
“Además de lo que públicamente se ha dicho, entendemos legisladores que han tenido encuentros a puerta cerrada con militares. Hay presencia de gente cercana a los militares presionando en el tema. Y su insistencia es seguir haciendo lo que hoy es ilegal, creo que en el fondo no quieren rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos”, dijo Cortez.
En la propuesta del PRI se avala el uso de la fuerza por parte de militares. El artículo 2 de la iniciativa de esa Ley, entiende este concepto por: “La utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser, esta mañana en conferencia de prensa.
Por otro lado, el especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño Valero apoya la propuesta de que el Ejército intervenga en asuntos de seguridad al considerar que México ya se encuentra en una guerra donde participan cárteles, policías y castrenses.
“Es algo tremendo. Pero es la única forma que se puede entrar en un combate con fuerzas que no respetan un Estado de Derecho [en referencia al crimen organizado]. Y estas personas cuando las agarran quieren ser tratados como ciudadanos”, ironizó.
Pese a que el Ejército lleva 10 años en las calles, la presencia del crimen organizado no es menor. Hasta hoy, la Procuraduría General de la República registra 37 células delictivas dentro del territorio nacional, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.
Dresser apuntó esta mañana que en este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil. “Pocos respingan”, lamentó.
“Décadas de tradición y práctica constitucional que le permitieron a México evitar la militarización, ahora amenazadas por el Ejército empoderado”, dijo.
De acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2007 y el 9 de diciembre de 2016, el Ejército se vio objeto de 3 mil 916 agresiones. De ellas 246 castrenses resultaron muertos y mil 403 heridos.
Mientras que 3 mil 907 agresores fueron muertos, 494 heridos y 3 mil 83 detenidos, de acuerdo con datos entre 2007 y abril de 2014.
“Deberíamos tener, en cambio, reglamentos claros para la profesionalización de policías, desarrollo de capacidad de investigación y fortalecimiento de la autonomía de los poderes judiciales. Una idea de conjunto para un problema tan complicado en el que no basta una sola propuesta”, dijo Cortez.
