Magistrado inhabilitado recibe más de 350 mil pesos en salarios y compensaciones
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El Tribunal Superior de Justicia de Baja California realizó un pago indebido al magistrado Carlos Cataño, inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
Mexicali, BC. El Tribunal Superior de Justicia de Baja California realizó un pago indebido de 350 mil 201 pesos por salario, compensación, gratificación anual y prima vacacional al magistrado Carlos Cataño inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Órgano Superior de Fiscalización de Baja California emitió el oficio DMEF/1604/2017 al Poder Judicial sobre una serie de observaciones de la Cuenta Pública de Ingresos y Egresos 2016 donde señala que el pago indebido corresponde a seis catorcenas del periodo de mayo a agosto de ese año ya que Cataño González fue sancionado por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
El 18 de mayo de 2016, el CJF notificó al presidente del PJE, Carlos Armando Vásquez, la resolución del procedimiento administrativo 457/2014 adoptada en la sesión del 6 de abril de 2016 y del oficio TCD71379/2016 de la Secretaría Técnica de la Comisión Disciplinaria que contiene el acta original levantada el 17 de mayo tras la comparecencia de Cataño González en el que se le dio a conocer su sanción.
La instancia administrativa federal notificó también la remoción del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, con fundamento en la fracción XVIII del artículo 27 de la Constitución local.
El ORFIS dio un plazo de 10 días para que le remita la evidencia del resarcimiento del pago indebido realizado por el Poder Judicial del Estado, toda vez que a pesar de la notificación oficial se autorizaron cobrar sus percepciones.
Otras irregularidades
En las observaciones realizadas por el Departamento de Auditoría Financiera a Entidades Estatales y Autónomas del máximo órgano de fiscalización de Baja California, con fecha del 24 de octubre de 2017, y firmado por el auditor Superior de Fiscalización de Baja California, Carlos Padilla Villavicencio, se detectó que el Poder Judicial del Estado carece de Registro Federal de Contribuyentes, lo que representa una irregularidad al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
Tras señalar que utiliza el RFC del Poder Ejecutivo del Estado, advierte que debe gestionar el propio para cumplir con sus obligaciones fiscales y emitir sus comprobantes fiscales digitales, además de cumplir con la obligación fiscal establecida en el artículo 86 del Impuesto Sobre la Renta en el pago de salarios de su personal, y reforzar el control interno al contar con documentación soporte que integra su cuenta pública debidamente requisitada.
Otra irregularidad es el registro incorrecto de recursos federales y la falta de elaboración de recibos oficiales por 5 millones de pesos para el equipamiento de salas de audiencias, central de actuarios y sistemas de gestión provenientes del Fondo Nacional Emprendedor.
Tampoco realizó la licitación pública para el contrato de prestación de servicios por siete millones 142 mil pesos a la empresa Sinergia Estratégica del Golfo S.A. de C.V., con sede en la ciudad de México, dentro del Convenio de Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor.
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán o llevaran a cabo a través de licitaciones mediante convocatoria pública para presentar libremente proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente para asegurar al estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad", señala el documento del ORFIS que agrega que al generarse para ambas partes obligaciones y derechos contravino el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se generó una presunta responsabilidad administrativa de acuerdo al artículo 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ya que debió hacerse una licitación pública y no adjudicación directa.
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