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Organizaciones de la sociedad civil en conjunto con representantes internacionales, presentaron el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano sobre un caso de desaparición forzada a manos de elementos de seguridad pública de Coahuila

Este lunes, organizaciones de la sociedad civil en conjunto con representantes internacionales, presentaron el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano sobre un caso de desaparición forzada a manos de elementos de seguridad pública de Coahuila.

El caso de desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo, ocurrió en julio del 2013 en Piedras Negras, en medio de la declaración de la guerra contra el narco emitida por el expresidente Felipe Calderón, y fue a partir de ahí cuando su madre, María Hortensia Rivas, emprendió su búsqueda y la fundación de uno de los colectivos de familiares de desaparecidos más activos en el Estado, y que junto con otras organizaciones mexicanas llevaron el caso al aparato internacional.

“El caso que hoy nos convoca, es un caso que representa lo que han sido las desapariciones en México y en particular del Estado de Coahuila; uno de los Estados que más se han visto afectados por esta grave violación a los derechos humanos”, expresó Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

En esta denuncia, las organizaciones han documentado a través de los testimonios y las búsquedas, que los principales señalados han sido el Grupo de Tácticas y Armas Especiales de Coahuila.

El Comité de Derechos Humanos, es quien supervisa el cumplimiento y aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por México en 1981, y es a través de ahí que se desprende otro pacto por el cual se permite que la ONU estudie casos en específico y emita juicios a través de los argumentos que tienen los afectados en su denuncia, para finalmente fijar una postura y hacer un llamado a las autoridades de los países que forman parte del tratado.

En la lectura del dictamen, Jesús Peña, informó que el Comité encontró que las respuestas del Estado Mexicano sobre el caso no han sido suficientes para lo establecido en los tratados internacionales, y en la resolución, pidió que las autoridades deben reconocer la competencia del Comité Contra Desapariciones Forzadas como lo estableció en el reciente Examen Periódico Universal en 2018.

 

Además, el Comité de la ONU exigió que el Estado Mexicano debe llevar a la brevedad una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial, y transparente sobre la desaparición; poner en libertad a la persona en caso de que se encuentre bajo incomunicación, y en caso de que Víctor ya se encuentre sin vida, entregar sus restos mortales en condiciones dignas a la familia. También, exigieron la reparación del daño a las víctimas denunciantes.

En la presentación, se encontraron la abogada Ariana García Bosque de Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, así como representantes de las organizaciones I(dh)eas, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quienes apoyaron en el litigio estratégico.

María Hortensia Rivas, madre de Guajardo Rivas, hizo un pronunciamiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, controlar la situación y no permitir que en la intención de combatir la violencia que se vive en Coahuila, se violen los derechos humanos y permanezcan las desapariciones.

Esta sería el cuarto caso en que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, declara al Estado Mexicano como el responsable de una desaparición, además de los casos de Jesús Israel Moreno estudiante de la UNAM desaparecido en Oaxaca, Christian Tellez desaparecido en Veracruz, así como el caso de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.