Si Yarrington u otros ex gobernadores hablan, se cae media clase política: Expertos

Ciudad de México.— El ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en Estados Unidos y México desde por lo menos un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, fue detenido en Florencia, Italia, 12 años después de que dejara su cargo como mandatario estatal.

La captura, anunciada por la Procuraduría General de México el domingo por la noche, es a juicio de los analistas un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de detener a uno de los suyos, un exmandatario que puede contar con información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.

Yarrington fue Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del Presidente Enrique Peña Nieto, y supuestamente aceptó sobornos tanto del cártel del Golfo como de los Zetas, los dos grupos del crimen organizado más poderosos en esa región, cuya lucha encarnizada ha dejado miles de muertos, desaparecidos, a la sociedad totalmente atemorizada, los medios de comunicación silenciados y la frontera noreste del país plagada de fosas clandestinas.

Según explicó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal, Alberto Elías Beltrán, el arresto se produjo por las autoridades italianas gracias a la información de inteligencia proporcionada por México y Estados Unidos. Los dos países aspiran a conseguir la extradición del exmandatario, dijo Beltrán, pero será Italia el que decida a qué autoridades lo entregará una vez se formalicen las peticiones.

La unidad especializada en narcotráfico y delincuencia organizada de la fiscalía federal inició una investigación en su contra el 13 de julio de 2012. Más de cuatro años después, en noviembre de 2016, el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 730 mil dólares) por información que llevara a su captura porque pese al “amplio despliegue” para intentar capturarlo no se había podido conocer su paradero, decía el Boletín Oficial de la Federación al hacer pública la recompensa.

Sin embargo, aunque las autoridades federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016 con escoltas asignados por la fiscalía de Tamaulipas, según dijo el lunes Francisco García Cabeza de Vaca, actual Gobernador del estado y primer mandatario de esta región que surgen del partido opositor PAN (o Partido de Acción Nacional), en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

De forma paralela a las investigaciones iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre de 2013, por lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que sus abogados siempre negaron.

Según Estados Unidos, Yarrington recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo con Texas. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013, supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con distintos crímenes después de ser Gobernador: en concreto lo acusan del tráfico de “grandes cantidades de cocaína” de 2007 a 2009 desde el puerto de Veracruz al sur de Tamaulipas, y del uso de fondos públicos robados.

Pese a todas las investigaciones en su contra durante años, el PRI no lo expulsó sino hasta diciembre de 2016. En un comunicado, el partido explicaba entonces que era por “vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.

Expertos en crimen organizado enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales, por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la corrupción.

De hecho, hay otros dos ex mandatarios priístas prófugos: Javier Duarte, que gobernó el estado oriental de Veracruz de 2010 a 2016, y César Duarte, mandatario del norteño estado de Chihuahua en el mismo periodo. Ambos tienen a sus espaldas acusaciones de corrupción y al veracruzano se le vincula, además, con el crimen organizado. Aunque comparten apellido, no son familiares.

La Fiscalía no ofreció detalles sobre cómo se concretó la captura de Yarrington pero el analista Raúl Benítez, indicó que se le pudo ubicar gracias a las comunicaciones telefónicas que tenía con su familia, aunque había cambiado de identidad.

A juicio de Benítez, el gobierno de Peña Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priístas” durante mucho tiempo, pero ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha considerado que era necesario que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los que se vincula con el crimen organizado.

“La mezcla de corruptos con narcos es explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno”, añadió el analista en declaraciones a The Associated Press. De ahí, añadió, que se optara por “ir capturándolos aunque fueran del PRI”.

Hace menos de dos semanas fue arrestado en Estados Unidos Edgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit, también gobernado por el PRI, por asociación delictuosa para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.

Para Edgardo Buscaglia, consultor internacional y experto en crimen organizado, la protección a los gobernadores va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales, intocables, a veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.

En su opinión, son “los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” porque desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto de empresas legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven impresentables (para la opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la que caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”, añadió en declaraciones a la AP.

Precisamente por eso, Buscaglia está convencido de que a los gobernadores no se les encarcela directamente cuando hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a revelar información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.

“Negocian su entrega, su patrimonio”, agregó el experto. “Por eso milagrosamente no se encuentra a los gobernadores prófugos”.