Todos los estados ocultan en qué gastan su deuda: Fundar
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Ningún gobierno estatal informa de manera detallada en qué lo gastan. Pese al incumplimiento de la ley, ningún funcionario público ha sido sancionado hasta el momento.
Por Nayeli Roldán (@nayaroldan) para Animal Político
La Ley de General de Contabilidad Gubernamental obligó a todas las entidades a publicar la información financiera sobre activos, pasivos, ingresos, egresos y deuda a partir de 2008, sin embargo, es imposible que los ciudadanos conozcan esta información con claridad debido a que los gobiernos estatales sólo han publicado información de manera parcial.
El rubro más opaco es la deuda que los estados adquieren en el presupuesto anual, pues ningún gobierno estatal informa de manera detallada en qué lo gastan. Pese al incumplimiento de la ley, ningún funcionario público ha sido sancionado hasta el momento.
Estos son hallazgos del “Observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2014”, un análisis realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
La investigación a cargo de Liliana Ruiz-Ortega incluyó el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos; la Ley de Ingresos; el Proyecto de Presupuesto de Egresos; el Decreto de Presupuesto de Egresos y las páginas de internet de las secretarías de Finanzas de los 31 estados del país y el Distrito Federal, durante agosto de 2014 a mayo de 2015.
Los estados tienen buenas prácticas de transparencia en varios rubros, pero en algunos casos sólo es de manera parcial. “Sí dan información, pero de manera general, no detallada. Sigue sin ser suficiente”, asegura la investigadora.
La investigación reveló que sólo 14 entidades reportan el destino de los recursos por concepto de deuda de manera general, es decir, no explican cuáles son los montos que corresponderían a las supuestas obras o proyectos. Se trata de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El resto de entidades ni siquiera menciona cuál sería el supuesto destino del dinero de la deuda.
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Las entidades ni siquiera publican las iniciativas y leyes de ingresos, lo que dificulta saber cuáles son las fuentes de ingreso para los gobiernos. En algunos casos, como Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, publican una tabla con los montos de ingresos, pero “no es suficiente”, dice el estudio.
Un problema detectado por la investigadora son los “ingresos extraordinarios”, pues mientras algunos estados lo etiquetan como “convenios”, otros como “financiamiento”, pero no existe definición ni detalle de lo que significa.
Tampoco hay transparencia en los “subsidios y convenios de reasignación”, pues algunos estados que etiquetan este rubro dan poco detalle. Sólo registran un monto anual, pero “no sabemos qué convenios ni qué tipo de subsidios lo integran”.
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Sobre los “proyectos plurianuales”, sólo Querétaro reportó un archivo específico, sin embargo, aunque se especifica el nombre del proyecto y una breve descripción, el detalle sobre los montos es ilegible. El resto de las entidades no presentan información al respecto, pero “no queda claro si es porque los estados no tienen este tipo de proyectos en el año respectivo o si es un problema de opacidad”.
Aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a que los gobiernos presenten la información de manera accesible a los ciudadanos, no hay un estándar entre los documentos de los estados.
“Muchos estados cumplen con la norma y enlistan los ingresos y egresos, pero no utilizan los documentos para realmente dar más información y explicación a los ciudadanos que no son expertos en los temas presupuestarios. No se presenta glosario de términos, explicación del proceso presupuestario o detalle sobre las prioridades presupuestales”, concluye el estudio.
Para Liliana Ruiz-Ortega, la ley es insuficiente para lograr una buena fiscalización y rendición de cuentas, y se requiere también del apoyo del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción y voluntad política.
Es importante que los estados rindan cuentas del gasto, pues una tercera parte del presupuesto federal se destina a las entidades. “La transparencia es un componente para que se gaste mejor”, afirma la investigadora.
¿Qué pasa si incumplen? La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue aprobada en 2008 para unificar la forma de presentar la información financiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Esto ayudaría a comparar datos y cifras entre los entes públicos de manera más efectiva.
En 2012, la ley se modificó y se le agregaron nuevas obligaciones a los entes públicos en materia de transparencia presupuestaria, es decir, dar más detalle y más información sobre variables como los ingresos, los gastos y la deuda de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Todos debían tener el mismo sistema de contabilidad para elaborar los reportes de gastos e ingresos públicos; normas para registrar bienes e inmuebles y difundir información en sus páginas de internet. Si bien existen avances en algunos rubros, no se ha alcanzado la transparencia ni armonización en todo el país, según la investigadora de Fundar.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) es el órgano encargado de coordinar la armonización contable en el país y tiene la facultad de emitir normas, formatos, monitorear el avance y hacer recomendaciones. Está integrado por la Tesorera de la Federación, cuatro gobernadores y representantes de dos municipios, y de las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En caso de incumplimiento, las sanciones van de mil a 500 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, de 70 mil 100 pesos a 35 millones de pesos, mientras que las penas de prisión van de los 2 a los 7 años a quien haya causado daño a la hacienda pública o patrimonio público.
Sin embargo, hasta el momento ningún funcionario público ha sido sancionado porque, en todo caso, los casos de alguna irregularidad tendrían que ser investigado por la Secretaría de la Función Pública que, en caso de ameritarlo, podría interponer una denuncia ante la autoridad judicial.
