Acusación a Rocha Moya un desafío al pacto de impunidad en México: experto de la UAdeC

En un hecho calificado como histórico, el analista y académico Víctor Sánchez señaló que la acusación no debe interpretarse necesariamente como un acto de intervencionismo, sino como una oportunidad para esclarecer los hechos.

Durante el mediodía de este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros ocho funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con grupos delictivos.

“Esta acción marca un hito en la relación bilateral, pues es la primera vez que la justicia estadounidense actúa contra un mandatario estatal mexicano en funciones”, indicó Sánchez.

El especialista explicó que, si bien existen antecedentes de gobernadores procesados en Estados Unidos —como Mario Villanueva o Tomás Yarrington—, dichos casos ocurrieron una vez que los funcionarios habían dejado el cargo.

Agregó que el hecho de que Rocha Moya pertenezca al mismo partido que el actual gobierno federal añade una dimensión adicional tanto en el ámbito jurídico como político.

No obstante, aclaró que “la acusación no es un evento aislado. Desde su campaña electoral, Rocha Moya enfrentó señalamientos por el presunto amedrentamiento de operadores de partidos de oposición y reportes de aportaciones ilegales que, según Sánchez, nunca fueron investigadas a profundidad”.

‘LIMPIEZA DE LA CASA’

El posicionamiento de la administración estadounidense ha generado debate en torno a la soberanía nacional. Mientras algunos sectores consideran que podría tratarse de una acción con tintes intervencionistas, desde una perspectiva ciudadana también puede interpretarse como una oportunidad para combatir la impunidad.

“El que otro país lo revele puede contribuir a ‘limpiar la casa’”, afirmó el especialista.

Asimismo, Sánchez señaló que este escenario coloca a la Presidencia de la República ante una decisión compleja: respaldar la figura política o actuar bajo el principio de que no debe protegerse a ningún funcionario.

De acuerdo con su análisis, la situación representa una oportunidad para que el Ejecutivo federal respalde su discurso en materia de combate a la corrupción; de lo contrario, podría enfrentar costos políticos para su partido.

Finalmente, indicó que el siguiente paso, en términos legales, sería promover los mecanismos para retirar el fuero al mandatario estatal, lo que permitiría que las investigaciones avancen sin la protección del cargo. En caso de encontrarse elementos suficientes, el proceso podría derivar en una detención y una eventual solicitud de extradición a Estados Unidos, en apego a los procedimientos legales correspondientes.