Adolescentes que hayan sido detenidos en Saltillo deben ir a terapia; multarán a padres si no los envían
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El próximo Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Saltillo aplicará sanciones económicas a padres o tutores que omitan dar continuidad al cumplimiento de terapias psicológicas mandadas a adolescentes que incurrieron en faltas administrativas.
Así lo dio a conocer Luis Lara, coordinador del área de Jueces Calificadores municipal, quien se refirió al Bando de Policía y Buen Gobierno como una estrategia que tiene por objetivo salvaguardar los valores protegidos en la esfera del orden público.
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Detalló que esta modalidad administrativa señala el concepto de Justicia Cívica, el cual da facultades a la autoridad municipal para cambiar las sanciones económicas y arrestos de hasta 36 horas, derivados de la comisión de faltas administrativas, por terapias y actividades en beneficio de la comunidad.
De acuerdo con el funcionario municipal, la estrategia busca enfocarse en enviar con especialistas en psicología a las personas infractoras, en especial adolescentes y personas reincidentes, y atacar así la cuestión emocional de raíz que deriva en las conductas delictivas.
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En el caso de los adolescentes detenidos por primera vez o reincidentes, sus padres o tutores serán responsables de que cumpla con las hasta 36 horas de terapia conmutadas, “en caso de que dejen de cumplir con su asistencia, los padres serán acreedores a una amonestación económica”, detalló el coordinador de Jueces Calificadores del municipio de Saltillo.
“Obviamente se les va a contactar, se va a verificar si hay alguna cuestión que justifique (la interrupción del tratamiento psicológico), y se le invita a continuar con las terapias. Y si no hay nada que justifique, bueno, se le hace saber a través de un citatorio. En un momento dado, si no acude se solicitará la presentación de la persona”.
Dijo que el principal objetivo de conocer la raíz de las conductas delictivas es frenarlas y en un corto plazo, que refirió como algunos años, se reduzca la incidencia delictiva en personas menores de 18 años y que los padres se involucren en la crianza de los hijos.
