CNDH documenta omisiones médicas y administrativas en penal federal de Ramos Arizpe

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 151/2025 dirigida al Órgano Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y a la Secretaría de Salud de Coahuila, luego de acreditar violaciones a los derechos de un interno en el penal federal de Ramos Arizpe, quien vivió negligencia médica y falta de medicamentos.

De acuerdo con la queja presentada por el propio interno antes de su fallecimiento, ocurrido a mediados de 2023, desde junio de 2022 el personal médico del centro penitenciario le informó que padecía Hepatitis C, plaquetopenia y anemia.

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Pese al diagnóstico, se le indicó que debía esperar hasta tres años para recibir el medicamento necesario, debido al alto costo y al proceso de importación que implicaba el tratamiento.

En el análisis de la información proporcionada por las autoridades y la familia de la víctima, la CNDH señaló que los estudios realizados en julio de 2022 ya mostraban datos compatibles con insuficiencia hepática y probable cirrosis por afectación del virus; sin embargo, más tarde fueron omitidos debido a que en una nueva prueba, el virus ya no aparecía.

A pesar que desde el 2022, los estudios del interno reflejaban que ya había una afectación, el personal médico del centro no gestionó valoraciones urgentes por especialistas en medicina interna o gastroenterología, y en algunos casos se registraron diagnósticos que no correspondían con la evolución clínica del paciente.

El 29 de noviembre de 2023, la persona privada de la libertad fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo tras presentar vómito con sangre, así como alteraciones en su estado de conciencia. Ahí permaneció hospitalizada y falleció el 4 de diciembre.

DOCUMENTAN DEFICIENCIAS

En la recomendación, la CNDH documentó una serie de deficiencias en la atención médica brindada en el hospital y observó que al interno no se le aplicó un protocolo de diagnóstico completo ante los datos clínicos, lo que limitó la posibilidad de ofrecer alternativas terapéuticas en etapas previas.

Por ende, la CNDH acreditó afectaciones al derecho humano a la vida, pero también al acceso a la información en materia de salud de los familiares del paciente, y señaló que las autoridades penitenciarias notificaron sobre la gravedad del estado de salud cuando este ya era crítico, lo que redujo el margen de actuación de los familiares.

En el documento, la CNDH señaló que dentro del Ceferso, se ha identificado la existencia de obstáculos administrativos para el acceso a servicios médicos especializados dentro, por lo que este no ha sido el único caso.

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Como parte de las medidas, la CNDH solicitó a las autoridades la continuidad de una carpeta de investigación por la muerte del interno, así como los procedimientos administrativos correspondientes, la inscripción de la víctima y sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas, y la atención psicológica de los mismos.