Denuncian presuntos actos de crueldad y restricciones en penal federal de Ramos Arizpe

Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número 18 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos y actos que califican como tratos crueles y degradantes contra los internos, luego de la llegada del nuevo director, Raúl Platón del Cueto Morales.

Los denunciantes, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias contra ellos o sus familiares, señalaron que los internos son trasladados esposados y con los ojos vendados después de las visitas, sin que se les informe el motivo de estas medidas.

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También afirmaron que recientemente se prohibió el ingreso de alimentos y medicamentos por parte de los familiares, lo que, aseguran, ha afectado las condiciones de alimentación y atención médica de las personas privadas de la libertad. Indicaron que, aunque dentro del penal se argumenta falta de medicamentos, tampoco se permite que las familias los proporcionen como ocurría anteriormente.

De acuerdo con los testimonios, desde hace más de una semana también se suspendieron visitas de amistad, llamadas telefónicas, visitas extraordinarias y televisitas, permitiéndose únicamente el acceso a familiares directos como esposas, madres e hijos.

Sin embargo, señalaron que para ingresar deben pasar por revisiones que consideran invasivas y degradantes. Entre los casos mencionados se encuentra el de una mujer embarazada que, según relataron, fue obligada a someterse a una revisión con rayos X antes de ingresar a la visita, bajo el argumento de evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas.

Los familiares señalaron que más de 700 personas se han inconformado por estas medidas y exigen que se revisen las condiciones en el centro penitenciario, así como la destitución del director.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, el actual director Raúl Platón del Cueto Morales habría sido cesado anteriormente de un cargo similar en 2023 en un centro penitenciario del estado de Oaxaca por presuntos incumplimientos en el desempeño de sus funciones. También en 2018 diversos medios documentaron denuncias en su contra cuando se desempeñaba como titular del sistema penitenciario en Veracruz.

Ante la situación, las familias informaron que han comenzado a presentar quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde hasta ahora se habrían registrado alrededor de 50 denuncias relacionadas con estas presuntas irregularidades.

Hasta mediados de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había informado que mantenía abiertas 29 carpetas de investigación relacionadas con el Centro Federal de Reinserción Social Número 18 por presuntas transgresiones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el reporte del organismo, las indagatorias corresponden a hechos registrados durante el inicio del año y se concentran principalmente en posibles afectaciones al acceso a servicios médicos, así como en condiciones de legalidad dentro de los procedimientos internos y la salvaguarda de la integridad de los internos.

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El informe también señala que varias de las investigaciones se originaron a partir de inconformidades presentadas por personas recluidas, quienes denunciaron presuntas omisiones en la prestación de servicios de salud y diversas irregularidades en el funcionamiento del complejo penitenciario federal.

Los familiares esperan que las autoridades federales intervengan para revisar las condiciones dentro del penal y garantizar el respeto a los derechos de los internos y de sus familias.