El Tribunal Universitario de la UAdeC cierra el año con 56 casos de violencia de género atendidos
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El Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha registrado 56 casos de violencia de género hasta la tercera semana de diciembre, lo que, según Nadia Salas, titular del Tribunal, no implica un incremento en la violencia, sino una mayor disposición de los estudiantes y personal para denunciar y recibir apoyo.
Entre las principales causas, Salas destacó actos de acoso, hostigamiento y ciberacoso, así como el ridiculizar o hacer sentir mal a una persona. Estas se presentaron sobre todo entre estudiantes con un 70 por ciento de los casos, pero también hay denuncias de estudiantes a docentes, así como entre el personal administrativo. Salas puntualizó que las mujeres son las que más recurren al Tribunal, seguidas de hombres y personas de la comunidad LGBT+, lo que refleja la diversidad de situaciones que se atienden.
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Si bien la cifra podría interpretarse como un aumento en los casos de violencia, la titular del Tribunal señaló que el número refleja una tendencia positiva en la que los miembros de la comunidad universitaria están tomando conciencia sobre la disponibilidad de recursos y la importancia de hablar sobre estos temas.
“Este año hemos visitado todas las escuelas de la universidad, lo que ha permitido que más personas conozcan los recursos disponibles. Muchas veces el problema estaba invisibilizado o no se denunciaba por miedo o desconocimiento, pero ahora las personas se sienten más respaldadas”, explicó.
“Es un reflejo de que estamos generando confianza. No es que haya más casos, sino que estamos visibilizando lo que a veces estaba normalizado o incluso naturalizado”, comentó Salas.
Una vez que se recibe una denuncia, el Tribunal Universitario activa un protocolo que incluye medidas cautelares para proteger a las víctimas sin prejuzgar la responsabilidad del acusado. Este mecanismo busca equilibrar los derechos de ambas partes, garantizando un proceso justo para todos los involucrados.
“El Tribunal tiene la facultad de dictar medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la persona denunciante, mientras se inicia el proceso de investigación. Esto se hace de manera confidencial y equilibrada, respetando tanto los derechos de la víctima como los de la persona presuntamente responsable”, explicó Salas.
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El protocolo contempla también una fase de investigación, que culmina en una resolución que puede ser absolutoria o condenatoria, dependiendo de los hallazgos. En caso de ser condenatoria, se aplicarán las sanciones correspondientes, que van desde medidas académicas hasta administrativas, siempre en función de la gravedad del caso.
Salas subrayó que, para garantizar un trato justo y equitativo, el proceso no se extiende más de 35 días hábiles en promedio. Además, enfatizó que se toman en cuenta los principios de perspectiva de género y victimológica para que tanto la persona denunciante como la acusada reciban un trato respetuoso y equitativo, y se resguarde el derecho a la defensa.