Entre 2009 y 2012, autoridades de Coahuila secuestraron para los Zetas: informe de la ONU

El estado de Coahuila fue analizado como uno de los casos centrales para la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluyó que en México, las desapariciones forzadas se cometen de forma sistemática y la situación debe ser tomada por la Asamblea General.

De acuerdo con el documento de la resolución del Comité (CED), la situación de la desaparición en Coahuila y cómo se ha desarrollado la justicia y la búsqueda de personas, fue analizada junto con casos de estados como Jalisco, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Morelos.

La resolución esta basada en documentación presentada entre febrero y abril de 2025 por organizaciones civiles internacionales que solicitaron la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que cuando existen indicios de que las desapariciones se cometen de manera generalizada o sistemática, el caso puede ser elevado para su análisis a nivel de la Asamblea General.

La organización encargada de recopilar el caso de Coahuila, fue Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) quienes documentaron documenta que particularmente en Coahuila, existen prácticas sistemáticas en al menos 500 casos de desaparición.

Del total de los 500 casos, el Comité analizó al menos 32 historias de larga data que involucran a 73 víctimas de desaparición, de las cuales 33 continúan desaparecidas.

DETECTAN DOS MOMENTOS CLAVE

En el análisis, el Comité a partir de los dichos de la FIDH, encontró que en Coahuila se registraron al menos dos patrones analizables en el espectro de la desaparición forzada.

El primero, se localizó entre los años 2009 a 2012, y describe que en una serie detenciones realizadas por fuerzas policiales estatales, las víctimas habrían sido entregadas a integrantes de la organización criminal Los Zetas.

El segundo patrón, documentado entre 2011 a 2016, refiere la presunta participación directa de corporaciones estatales en actos de desaparición forzada, incluyendo señalamientos a grupos de élite como el Grupo de Armas y Tácticas Especializadas (GATE), el GATEM y el GROM.

La documentación también señala que, en los casos revisados, las víctimas eran civiles y habrían sido seleccionadas como objetivos directos.

A la par del caso Coahuila, el Comité analizó casos paradigmáticos como el de Jalisco, entidad señalada como la de mayor número de personas desaparecidas en la actualidad.

Recientemente y luego de que el CED emitiera esta resolución, la abogada de la organización Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas en Piedras Negras, Ariana García Bosque, resaltó que este es un logro para las familias que han insistido en que la problemática es crítica y debe resolverse.

“Es un logro muy importante porque reconoce que concretamente en Coahuila, las desapariciones denunciadas han sido sistemáticas, generalizadas, y que no solo eso, sino que constituyen delitos de lesa humanidad. En el Estado de Coahuila si bien tenemos mesas de diálogo y de trabajo, no tenemos respuestas objetivas en la localización de personas e identificación de restos humanos”, dijo.

Aunque Coahuila las familias buscadoras han encontrado puntos de exterminio en la Laguna como es Patrocinio y San Antonio del Alto donde se han encontrado restos óseos en territorios amplios, el informe de la resolución subrayó a Guanajuato y Baja California como los que mayor cantidad de fosas clandestinas y cuerpos y restos han registrado, a la par de Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En Tabasco, se informó sobre un incremento de desapariciones durante 2024 y 2025, particularmente en niñas y jóvenes, y por otro lado, Morelos fue mencionado por los hallazgos en Tetelcingo y Jojutla, relacionados con la localización de fosas y el manejo de restos humanos.

En una respuesta sobre el curso del análisis, el gobierno mexicano manifestó que los análisis se concentraban en un número limitado de entidades federativas y señaló que en Coahuila los hechos correspondían a periodos anteriores vinculados a contextos de violencia, y destacó la existencia de marcos legales y mecanismos institucionales de búsqueda.

Sin embargo, el Comité concluyó que los casos documentados, incluidos los de Coahuila y otras entidades, no corresponden a hechos aislados y presentan características de sistematicidad y habrían contado con distintos niveles de participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades públicas.

Ante este panorama, el Comité instó a la Asamblea General de la ONU a considerar acciones de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y atención a víctimas.