Incapacidad COVID-19, un riesgo; falta de pruebas y el trámite pueden derivar en contagios

Han pasado 172 días desde la identificación del primer caso de COVID-19 en México (el 28 de febrero), y las dependencias del sector salud siguen sin lograr coordinarse para estandarizar criterios de atención a pacientes que eviten poner en riesgo al resto de la población.

Al menos eso revela el caso de Jorge, un saltillense a quien el personal del Hospital General de Saltillo le indicó aislarse en su casa tras internar a su padre por una insuficiencia respiratoria, pero luego de eso ninguna institución de salud accedió a realizarle la prueba del virus, porque es asintomático.

Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jorge solicitó primero que le hicieran la prueba y, después, que le extendieran una incapacidad para poder faltar a su trabajo.

Fracasó en ambos intentos. Para tomarle la muestra, se le dijo, es indispensable presentar síntomas, y para tener derecho a la incapacidad hace falta un resultado positivo en la prueba. Un círculo vicioso que no derivó en más contagios solo por un tema de responsabilidad civil, o en un desempleado más gracias a la comprensión de la empresa.

Tuvo que acudir a un laboratorio privado y pagar dos mil 600 pesos para obtener el diagnóstico: positivo. Y eso solo le alcanzó para que le dieran una incapacidad por cuatro días.

Una de las discrepancias entre la Secretaría de Salud y el IMSS es el algoritmo diagnóstico para asintomáticos. De acuerdo con la primera, quienes dan positivo en la prueba y presentan síntomas deben asilarse durante 14 días, mientras que los asintomáticos solo 10.

Pero según las reglas comentadas a VANGUARDIA por personal del IMSS, dicha institución extiende, en todos los casos, incapacidades por 14 días divididas en dos segmentos: una primera por cuatro días, para dar tiempo a la prueba, y 10 días adicionales en caso de ser positiva.

En el caso de Jorge no se aplicó ninguno de los dos criterios y se le dejó por más de una semana “en el limbo”: si salía de su casa corría el riesgo de contagiar a otros; y si no ponía en peligro su empleo. 

Jorge y su esposa forman parte de la inmensa mayoría de personas que son asintomáticas

El globo de alerta apareció en la pantalla del teléfono a las 9:32 PM del viernes 7 de agosto. Jorge colocó su dedo índice de inmediato en él y esa acción le condujo al mensaje: “¡Tus resultados del estudio de COVID-19 ya están listos! Descárgalos en este enlace:”. Enseguida pulsó en las letras celestes y unos segundos después se enteró con alivio del resultado: él y su esposa eran positivos.

El alivio no se debió a que él forme parte de alguna secta que promueva el contagio entre las personas o a que milite en las filas de los negacionistas que afirman que la pandemia es sólo propaganda. El alivio era porque finalmente podría escapar de la trampa burocrática en la que tenía ocho días atrapado.

Y es que Jorge y su esposa forman parte de la inmensa mayoría de personas que, tras contagiarse de coronavirus, no desarrollan síntoma alguno, pese a lo cual deben cumplir con los protocolos sanitarios para evitar convertirse en causantes involuntarios de la propagación del patógeno.

Desgraciadamente para él, la burocracia sanitaria produce, a veces, malestares peores a los del Coronavirus, entre ellas, algunas que repercuten en el bolsillo.

EL LIMBO

La trama comenzó el jueves 30 de julio cuando, en compañía de una hermana suya, trasladó a su papá -de 60 años- al Hospital General de la Secretaría de Salud, en Saltillo, con un cuadro de insuficiencia respiratoria que luego sería diagnosticado como “neumonía atípica”. Para alivio de su familia, tras 5 días internado abandonó el hospital.

Pero inicialmente se le ingresó como un paciente sospechoso de portar el Coronavirus y, en consecuencia, se indicó a sus familiares que, debido al contacto sostenido con él, lo mejor era aislarse y hacerse la prueba para descartarse como contagiados.

Sin embargo, en el Hospital General se limitaron a dar la indicación y como solamente su hermana ingresó al edificio para realizar el registro de su padre, solo a ella le hicieron la prueba -que resultó negativa- pero nadie le pidió los datos del resto de su familia o de los contactos extra familiares que tuvo su padre en los días previos.

Acatando la indicación recibida, Jorge se aisló en su casa junto con su esposa. Y comenzó a tratar de averiguar cómo -y quienes- le harían la prueba. Dado que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social se comunicó telefónicamente a su clínica de adscripción, explicó su situación y pidió que le practicaran la prueba.

Tras realizarle las preguntas de rigor y constatar que era asintomático la respuesta del otro lado de la línea fue: “no le podemos hacer la prueba porque solamente se le hace a las personas que presentan síntomas”.

Pidió entonces que se le extendiera una incapacidad para ausentarse de su trabajo, habida cuenta de que se le había recomendado aislarse por la condición de salud de su padre. La nueva respuesta cerró el círculo vicioso y terminó de atraparlo en el “limbo” de los asintomáticos: “si no ha sido diagnosticado como positivo, no se le puede otorgar una incapacidad”.

PARA SALIR DEL LIMBO, HAY QUE PAGAR

La única salida que había para aquel círculo vicioso era acudir a una institución privada y costearse el estudio con medios propios. A las 9:40 de la mañana, del miércoles 5 de agosto, llegó puntual a las instalaciones del laboratorio para que le tomaran la muestra. Previo pago de 2 mil 600 pesos (mil 300 por cada estudio), su esposa y él pasaron por la incomodidad del hisopo frotado contra el fondo de las cavidades nasal y bucal.

Tras una espera de 59 horas llegó el resultado y con él la esperanza de escapar de aquel limbo sanitario. Para su mala fortuna, se interpuso el fin de semana y hubo que esperar hasta el lunes para contactar con el personal de la clínica de su adscripción, la Unidad de Medicina Familiar Nº 79 del IMSS.

La persona que le atendió por teléfono la mañana del lunes 10 de agosto le realizó varias preguntas, anotó su número de teléfono y le indicó que esperara a que se comunicaran con él para asignarle una cita para tramitar su incapacidad. La llamada demoró dos días en llegar.

El miércoles 7 finalmente le indicaron que debía enviar a alguien en su representación -habiendo dado positivo en la prueba de COVID, incluso siendo asintomático, no debía salir de casa- y le indicaron los documentos necesarios para tramitar la incapacidad. La cita sería al día siguiente, 8 de agosto.

Pero, debido a uno de esos “candados de los sistemas”, le advirtieron que solamente podían otorgarle una incapacidad por 4 días y, si deseaba obtener más, debería solicitarlo por escrito -y en tres tantos de su solicitud y los documentos anexos requeridos- para que el Consejo Técnico de la institución evaluara su petición.

Y como él “había solicitado la incapacidad hasta el día 10 de agosto”, según la explicación que le dieron, pues le extendieron un certificado para justificar sus ausencias al trabajo los días del 11 al 14 de agosto. El resto, quedaba claro, dependería de la buena voluntad de su patrón… o de zambullirse de nuevo en la marea de la burocracia sanitaria.

PODRÍA HABER ‘FINAL FELIZ’

Al cierre de esta edición y luego de varias consultas con personal de la delegación Coahuila del IMSS, se informó a VANGUARDIA que el caso de Jorge había sido revisado y, por lo pronto, se le extendería una incapacidad por los días que faltan para cumplir los 14 que, de acuerdo con el protocolo sanitario, deben permanecer aisladas las personas que dan positivo en la prueba de Coronavirus, sean asintomáticos o no.

Pero como difícilmente hay felicidad completa, a lo que nadie parece dispuesto a comprometerse es a reembolsarle los 2 mil 600 pesos que debió poner de su bolsa para hacerse la prueba -en un laboratorio privado- y así obtener una incapacidad que le permitiera conservar su empleo. (Con información de Carlos Arredondo y Christian Martínez)