Jericó Abramo, diputado federal por Coahuila, propone blindar compras públicas contra tala clandestina
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La propuesta plantea verificar el origen de madera, papel, cartón, celulosa y mobiliario adquirido con recursos público
El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para establecer mayores controles en las adquisiciones del Estado relacionadas con productos forestales y cerrar espacios a la comercialización de materiales provenientes de la tala clandestina.
La propuesta busca que las compras públicas de madera, papel, cartón, celulosa y mobiliario estén sujetas a mecanismos de legalidad, certificación y trazabilidad, con el propósito de fortalecer la vigilancia sobre el origen de los productos adquiridos con recursos públicos.
El legislador del PRI por Coahuila señaló que la legislación vigente contempla disposiciones orientadas a la protección forestal, pero consideró que su alcance resulta limitado al establecer acciones para “promover” y utilizar términos preferenciales, sin convertirlas en obligaciones para las adquisiciones gubernamentales.
“Ante un panorama donde México cuenta con más de 138 millones de hectáreas de ecosistemas forestales —equivalentes al 71 por ciento del territorio nacional—, resulta imperativo que el Estado predique con el ejemplo”, sostuvo.
PROPONE TRAZABILIDAD PARA LAS ADQUISICIONES
Abramo Masso planteó incorporar a la legislación conceptos como compra pública forestal responsable, certificación legal forestal y trazabilidad verificable, con el objetivo de establecer criterios concretos para acreditar el origen legal de los productos forestales que lleguen a las dependencias públicas.
La iniciativa también propone facultar a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para coordinar y verificar el cumplimiento de estos requisitos en los suministros adquiridos con recursos públicos.
De acuerdo con el planteamiento, los mecanismos de comprobación deberán aplicarse a productos como madera, papel, cartón, celulosa y mobiliario, de manera que las adquisiciones gubernamentales puedan acreditar su procedencia y cumplimiento de la normatividad forestal.
SANCIONES POR DOCUMENTACIÓN FALSA
El proyecto contempla además incorporar una nueva infracción para sancionar a proveedores y contratistas que presenten documentación falsa o cuya procedencia no pueda ser comprobada.
El objetivo, explicó el diputado federal, es evitar que empresas o particulares ingresen al mercado de adquisiciones públicas mediante documentos que no permitan acreditar la legalidad de los productos forestales.
La propuesta también busca proteger a productores, ejidos y empresas sociales que cumplen con las disposiciones ambientales y que participan en el aprovechamiento legal de los recursos forestales.
Abramo Masso señaló que con estas modificaciones se pretende fortalecer la responsabilidad del Estado como comprador y establecer controles que permitan reducir los espacios para la comercialización de productos forestales de procedencia ilegal.
