Juan sin miedo y el pilar del oro y plata

Aunque los ejidatarios de la lechuguilla viven en un estado de pobreza que nadie dudaría en calificar de africano, es una lástima que los recursos destinados a su auxilio caigan en las fauces de la corrupción. Esta es la historia de la comunidad de Pilar de Richardson, en el municipio de General Cepeda...

En Pilar de Richardson, municipio de General Cepeda, situado a unos 90 kilómetros de la capital de Coahuila, se ha desencadenado un conflicto social entre un campesino de nombre Juan Reyna Vega, autoridades ejidales y el resto de la comunidad, unas 130 familias de agricultores.

Reyna Vega, a quien sus coterráneos, casi todos parientes, califican de “persona problemática”, acusa a los ejidatarios de esta localidad de hacer mal uso de los recursos públicos que les otorga el Gobierno para el desarrollo de proyectos productivos en la comunidad.

Juan Reyna señala además a funcionarios y técnicos de la Procuraduría Agraria del Estado, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como cómplices en la comisión de algunas irregularidades.

“Por favor, a través del periódico echen notas por ái al pueblo y que vengan a este ejido pa’ demostrarles cómo se están robando sus impuestos los ejidatarios del Pilar de Richardson, junto con titulares y técnicos de algunas dependencias.

“¿Cómo le querría decir?, es una mafia ejidal bien gacha, que está desviando recursos de varios programas sociales y proyectos. Se están fregando aquí el dinero de ustedes, del pueblo. No es dinero que se saca Peña Nieto del bolsillo, ni es del Gobierno del Estado, es de ustedes...”, declara Reyna Vega.

En tanto, las autoridades del poblado, que ya han interpuesto una demanda contra Juan Reyna por difamación, ante el Ministerio Público de General Cepeda, se han defendido diciendo que los alegatos de su compañero en contra del ejido no son más que “mentiras”.

“Si fuera cierto, me imagino que no sería él, sería la gente la que nos estaría presionando. Aquí están las firmas que muestran que nada es cierto, él es el que anda inquieto, no sé qué siente en contra de uno, ya son muchos achaques...”, dice José Guadalupe Delgado Belmares, comisariado del lugar, al tiempo que muestra a SEMANARIO el libro de actas y acuerdos de asamblea de los ejidatarios.

CORRUPCIÓN DESCARADA

Pero las anomalías en el Pilar, un villorrio incluido, lo mismo que toda la zona ixtlerocandelillera del país, en el “Mapa el hambre en México”, realizado por el Instituto Nacional de Nutrición, datan ya de varios años. De hecho, comenzaron el día en que él, junto con otros 36 ejidatarios, formaron una asociación llamada “Los Meloneros”, con el fin de acceder a los programas de apoyo al campo que ofrecían las distintas dependencias de gobierno.

La idea era solicitar algún dinero, con el que los ejidatarios pretendían rehabilitar un pedazo de tierra de 20 hectáreas y echar a andar una noria para la producción de sorgo escobero, avena, frijol y alfalfa, El gobierno los equipó entonces con un transformador, bomba eléctrica y tuberías para el riego del área, además de alambre y postes para cercarla.

El trabajo era duro y de los 36 campesinos, que habían participado en el proyecto, solo quedaron 10. “Esa tierra nos costó bastante porque era puro peñascal, era tierra muerta, estéril. Los socios desmontaron y la limpiaron de piedras”.

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Cuando la tierra estuvo lista los agricultores, que carecían de maquinaria para la siembra y empaque de la alfalfa, se asociaron con un particular foráneo que les facilitó los utensilios, a cambio de que los ejidatarios le pagaran con pacas de forraje.

Así trabajaron durante ocho años hasta que Juan, y uno de sus hermanos, fueron expulsados injustificadamente del grupo. El resto de los socios del proyecto de alfalfa, con el visto bueno de Patricio Reyna Delgado, entonces comisariado del Pilar y primo de Juan, rentaron el área a un melonero de Paras de la Fuente y la empresa de forraje se vino abajo.

“Los jueces y los comisariados son los dueños del ejido y a la gente la tienen de su lado porque la dejan hacer. No hicieron convenio de arrendamiento, porque yo anduve investigando en el Registro Agrario Nacional, todo (el dinero de la renta) se lo jodieron el comisariado junto con ese grupo. “Falta mucho equipo, que sabrá Dios si lo venderían, no quieren dar informes de nada, dicen que eso ya valió madres, que ya pasó mucho tiempo...”.

Juan Reyna acudió ante la Procuraduría Agraria de Coahuila para denunciar los hechos, pero las autoridades, asegura, en contubernio con los ejidatarios del Pilar, hicieron caso omiso de la demanda.

“El señor Agustín López (visitador agrario de aquella región) vino al ejido, pero no se presentó a la asamblea, tampoco los demás ejidatarios. Después mi hermano y yo lo vimos salir de la casa del comisariado y hasta nos pasó por enfrente”.

PURA FINTA

En la entrada de Pilar de Richardson, este pueblo donde no hay empleo, donde ya no hay lechuguilla ni candelilla que explotar para sobrevivir y donde sus moradores se acabaron ya las ratas decampo que cazaban para alimentarse, cuando no había más de qué, hay una construcción abandonada de lo que antaño fue una fábrica para la producción de artículos de fibra de ixtle.

Según Juan Reyna, esta fábrica sirvió únicamente de señuelo para que Isaac Montenegro Herrera, uno de los líderes del extinto Partido Cardenista Coahuilense, encarcelado en 2005 por el delito de despojo de un predio urbano, un técnico de nombre Sabino Fraire y una mujer llamada Irene Mendoza Reyna, sobrina de Juan, desviaran recursos provenientes de diversos programas sociales del gobierno estatal y federal, sin que hasta ahora hayan rendido cuentas sobre el destino de tales dineros a la comunidad del Pilar.

“Lo que querían era nada más sacar lana”, dispara Juan.

Todo comenzó, narra Juan, cuando Montenegro Herrera, actual director de Gestión Social de la Secretaría de Gobierno, llegó al Pilar acompañado del técnico Sabino Fraire Hernández, para proponer a la junta de ejidatarios fundar una organización que les permitiera acceder a fondos oficiales y de esta manera echar a jalar un proyecto de explotación, recolección y venta de fibra de lechuguilla, orégano y otras plantas comerciales del desierto.

Viendo la situación económica por la que atravesaba el pueblo, debido a la falta de trabajo, los agricultores aceptaron. Juan Reyna fue nombrado presidente de una asociación denominada “Fibras Richardson”, conformada por 10 ejidatarios y en la que Irene Mendoza, la sobrina de Juan, era la gerente.

Pronto, con ayuda de los programas de gobierno, la asociación consiguió llevar adelante su empresa de explotación, recolección y comercialización de plantas desérticas.

Isaac Montenegro sugirió entonces al grupo de ejidatarios la creación de una organización más grande, que aglutinaría a otras pequeñas cooperativas de nueve ejidos de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda.

Los campesinos accedieron y nació así la “Integradora Ixtleros de Coahuila S.A. de C.V.”, de la que Juan Reyna fue designado representante y su sobrina Irene otra vez gerente.

Las irregularidades en el manejo de los recursos de la agrupación, no tardaron en aflorar, primero, con el desvío de 300 mil pesos que los campesinos habían conseguido, a través de un proyecto de silvicultura, para la compra de equipo de cómputo. Y segundo, por la supuesta pérdida de ganancias, resultado de la venta de dos tráilers de orégano que la Integradora había enviado a San Luis Potosí.

“Hicimos el acuerdo de que a cuanta persona entregara fibras le íbamos a dar una bonificación, después de que se vendiera la producción y le dijimos a mi sobrina que hiciéramos cuentas a ver cuánto dinerito quedaba para pagarles algo a los productores por esa venta.

“Trajeron unas máquinas que pa’ tallar lechuguilla y no sirvieron, nunca han servido. De repente traían gente del Gobierno, de la Sagarpa, de la Procuraduría Agraria, había fotografías y mi sobrina salía en muchos periódicos, como una gran empresaria...

“Dice mi sobrina: ‘déjenme le hablo a Isaac para que él les explique junto conmigo’. Lo mandó traer y dijo el señor Isaac que habíamos salido tablas, que no había habido ganancias. Y yo dije: ‘no, pos bueno’”.

Días después, Juan Reyna y el tesorero de la Integradora Ixtleros de Coahuila, un ejidatario de Hipólito, se despertaron con la noticia de que habían sido dados de baja de la organización, sin aviso oficial ni asamblea convocada por los socios o la gerente de la organización.

Más tarde vino lo de la construcción de la fábrica de artículos de fibra de ixtle, en el entronque al Pilar y que a decir de Juan fue una simulación para que Isaac Montenegro, el técnico Sabino Fraire e Irene Mendoza, pudieran desviar los recursos que el Gobierno entregó a la Integradora para su funcionamiento.

“Trajeron unas máquinas que pa’ tallar lechuguilla y no sirvieron, nunca han servido. De repente traían gente del Gobierno, de la Sagarpa, de la Procuraduría Agraria, había fotografías y mi sobrina salía en muchos periódicos, como una gran empresaria...

“No se produjo nada, era pura finta. Isaac y mi sobrina ocupaban camiones de señoras del ejido y las ponían a hacer como que trabajaban, traían hasta gente de otras comunidades y les pagaban 50 pesos a cada una”.

SEMANARIO buscó a Isaac Montenegro Herrera, quien se ostenta además como asesor de la Integradora Ixtleros de Coahuila. Así opinó en torno a las acusaciones de Juan Reyna:

“Es una gente que no se lleva bien ni consigo mismo. Cuando estaba en la organización se le apoyó varias veces, una, a nombre de su señora, para poner una tienda, a los 15 días se la acabó; se le apoyó para el acopio de orégano, se lo acabó. Por eso los socios decidieron que no estuviera al frente de las actividades de la empresa integradora, primero tienes que tener la confianza de tu grupo en la comunidad...”.

Y aclara que el cierre de la fábrica se debe a que los socios carecen de capital de trabajo, para ponerla a funcionar.

“Efectivamente está cerrada, porque la gente sabe trabajar, pero no sabe vender, tienen problemas ahorita para cubrir un mercado con mucha demanda”.

AMBICIÓN DESMEDIDA

Juan Reyna cuenta cómo las autoridades del Pilar y algunos vecinos del ejido, en complicidad con Agustín López, visitador de la Procuraduría Agraria en esa región, se han adueñado, y vendido ilegalmente, de tierras ejidales que antes fueron caminos, campos deportivos y espacios, considerados como públicos dentro de la comunidad.

“El comisariado permitió que pusieran cercas de alambre, taparan caminos, accesos, le dio terrenos a la gente, los posesionó, sin importarle que hubiera postes de energía eléctrica en sus patios, sin importarle tapar accesos, caminos, espacios públicos, campos de futbol, de beisbol.

“Aquí estoy casi seguro de que el ejidatario vendió, de que han vendido han vendido, sin todavía ser dueños legítimos. Hemos visto a gente extraña haciendo trabajos, metiendo máquinas, haciendo tumbadero de plantas, ahí se ve”,

“Este era un camino, un acceso, en la carretera es peligroso transitar en los carretones y aquí se manejan muchos carretones, aquí circulaban los carretones a las tierras de allá y ya taparon”, dice Juan señalando un predio cercado a la entrada del ejido.

Ocurrió aquella vez que Agustín López, el funcionario de la Procuraduría Agraria, propuso a los ejidatarios contratar los servicios de un consultor particular que les ayudara a medir y certificar sus solares.

No obstante que años atrás la Procuraduría había ofrecido al ejido el servicio gratuito de regularización de tierras, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), cosa que los campesinos no aceptaron, Juan no explica por qué.

El caso, refiere, es que los lugareños de esta ranchería, donde en la época de la Revolución se suscitaron cruentas batallas entre rebeldes y federales, contrataron la asistencia del consultor externo, quien de inmediato comenzó los trabajos de medición de solares, conviniendo con los ejidatarios el pago del 50 por ciento de sus honorarios.

“Cobraba cuatro mil pesos por el proceso de certificación y hasta hubo gente que le pagó todo el dinero”, precisa Juan.

Pero un mal día el prestador de servicios particular desapareció.

La gente del Pilar acudió a las autoridades del ejido y luego a Agustín López, el visitador agrario, para que les dieran razón del consultor que éste último les había recomendado, pero éstos habían perdido toda comunicación con él y no sabían de sus paradero, según dijeron.

Otro día Agustín López, enviado por la Procuraduría Agraria, se presentó a la asamblea para informar que el gobierno había puesto en marcha el programa de certificación y titulación gratuita de tierras.

La junta se calentó cuando los ejidatarios le volvieron a preguntar a Agustín López por el consultor externo que se había fugado con su dinero. La presión fue tal que en la siguiente asamblea, Agustín llegó a la junta acompañado de aquel asesor.

Los campesinos, que habían acordado aceptar la ayuda gratuita del Gobierno para arreglar sus tierras, exigieron a Agustín y al consultor la devolución del dinero.

Pero fueron convencidos por Agustín López, el visitador agrario, de rechazar el apoyo de las autoridades y seguir con el asesor particular, ““Cobraba cuatro mil pesos por el proceso de certificación y hasta hubo gente que le pagó todo el dinero argumentando que el Gobierno reduciría las medidas de sus solares, tomadas ya por el consultor, y que el cobro por el servicio que éste les estaba prestando era casi regalado.

“Los ejidatarios ambiciosos y corruptos, por tal de que no les redujeran sus terrenitos aceptaron pagar, en vez de aceptar el servicio gratuito del Gobierno, pero a conveniencia porque los del gobierno no les iban a valer las medidas de los predios que hizo el asesor particular. Este prestador de servicios se sentía el dueño de las tierras y ni él ni el comisariado tomaron en cuenta los espacios públicos, ni que hubiera caminos”.

Juan Reyna Vega acudió entonces a la prensa de Saltillo para denunciar a las autoridades, comisariado y consejo de vigilancia del Pilar, por el presunto tráfico de tierras.

Semanas más tarde fue demandado ante el Ministerio Público de General Cepeda bajo los delitos de calumnia y difamación, esto después de que en una junta ejidal Juan no pudo comprobar las acusaciones hechas en los periódicos sobre la supuesta invasión y venta de tierras, perpetrada por los ejidatarios, el ex comisariado Patricio Reyna Delgado y José Guadalupe Delgado Belmares, el actual jefe de la comuna.

“Se hizo una asamblea con la Procuraduría Agraria y no enseñó nada y hasta huyó. No rindió ninguna prueba al Ministerio Público, no presentó nada, a la otra cita ya ni asistió, porque no traía ningún papel y el asunto se dio por concluido”, declara Delgado Belmares.

Cuestionado sobre los señalamientos de Juan Reyna en contra de la Procuraduría Agraria de Coahuila y sus funcionarios, Luis Humberto Ruiz Cabello, titular de esta dependencia, reaccionó:

“Es un hombre considerado conflictivo dentro del ejido, sin embargo tiene sus derechos a salvo, aquí se le ha atendido las veces que ha venido, la gente del ejido lo ha considerado. Él se siente solo, que está luchando contra el ejido, la gente del ejido dice: ‘no tenemos ningún problema con él’”.

Y aclara que en todo momento la Procuraduría ha promovido ante el Tribunal Agrario y las autoridades del Pilar, cada una de las demandas de Juan Reyna y alude, específicamente, a un viejo pleito que el campesino sostuvo con el ejido luego de ser culpado de malversación de fondos destinados a la construcción de una presa, esto a principios de los noventas.

“A él le separan una parcela y no se la entregan como medida de presión para que rindiera cuentas de un asunto que traía, de una presa que se hizo en el 91, 92. Viene a la Procuraduría, se le da la asesoría, se inicia un proceso en el Tribunal Unitario Agrario, el Tribunal le da la sentencia a su favor y le entregan su parcela, pero nunca dio cuentas de nada y decía que lo estaba hostigando la asamblea”.

MAÑAS DE EJIDATARIOS

Con todo y eso, a Juan no le tiembla la mano para revelar la forma en que grupos de ejidatarios del Pilar de Richardson, con el permiso del jefe de la comunidad, se aprovecharon de los recursos que les otorgó la Conafor para el desarrollo de un proyecto de plantación comercial de lechuguilla.

Detalla el caso de un predio de 200 hectáreas donde los agricultores, valiéndose de sus mañas, trasplantaron ejemplares de lechuguilla madura (o que ya estaba en producción), que encontraron cerca del área de la plantación, en lugar de cultivar plantas jóvenes recolectadas lejos de la zona de los trabajos.

“Los ejidatarios mañosos, con el permiso del comisariado, nada más cambiaron la lechuguilla que ya estaba en producción a la nueva área.

“Aparte está prohibido cortar planta del área o de aquí cerca, tienen que cortarla en otra zona lejos de la plantación, pero así se ahorran gasolina y tiempo, les queda mucho más dinero del apoyo que otorga la Conafor para este proyecto”.

Harto de esta situación, Juan acudió ante la delegación de Conafor Coahuila para denunciar el ilícito y solicitar a la dependencia que enviase a un grupo de inspectores para que verificaran, hectárea por hectárea, el desarrollo de los trabajos de la plantación.

Semanas después, personal de la Conafor, el técnico que había elaborado el proyecto y su gente, se apersonaron en el ejido.

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Sin embargo, Juan cuenta que se negaron a recorrer con él las 200 hectáreas de lechuguilla, cuando habían acordado que permanecerían incluso varios días en campo para la verificación.

“Hasta trajeron equipo para quedarse varios días, porque eran 200 hectáreas las que se iban a revisar. Empezamos a revisar y contar en el campo, pero de repente ordenaron parar y ya no seguir.

“Los técnicos dijeron que todo estaba bien y les dije ´no, no está bien, ahí adentro hay muchas evidencias’. Discutí con el comisariado y con los del comité para que los obligáramos y no me hicieron caso. La dependencia que otorgó los recursos tiene la obligación de venir a checar”.

Tiempo después y en una visita que hizo Juan a la dependencia para quejarse por estos hechos, los funcionarios de la Conafor le dieron a firmar un documento en el que se estipulaba que se habían revisado las 200 hectáreas de lechuguilla y todo estaba bien.

“Querían que les firmara y sí les firmé, pero especifiqué en la hoja que eran puras mentiras y me regresé pa’ mi ejido”.

Después, y como si algo faltara, el comisariado ejidal José Guadalupe Delgado Belmares, incurrió en otra anomalía cuando introdujo su tractor al área de la plantación para realizar los trabajos de cultivo de lechuguilla y destruyó una gran cantidad de flora del monte entre albarda, nopal y lechuguilla.

Carlos Galván Tello, gerente de la Conafor en Coahuila, habla del tema: “Esta persona (Juan) viene aquí y lo enviamos a la Profepa, va a la Profepa y dice que ellos (el comisariado) realizaron daños al medio ambiente, por razón de esta reforestación de lechuguilla.

“Hace una queja, la atiende la Profepa y la Profepa me informa a mí que el 11 de febrero realizaron la visita de inspección y vigilancia al ejido Pilar de Richardson y dice que ‘en el momento de los recorridos realizados en los terrenos del ejido, donde se realizó la reforestación, no se encuentra ninguna irregularidad”.

“JUAN SIN MIEDO”

La lista de irregularidades en el ejido Pilar de Richardson, insiste Juan, es larga y él está dispuesto a llegar con sus denuncias y alegatos hasta donde tope:

“De mí no se van a burlar tan fácil, ni el Gobierno cabrón ni los perros rateros de mis compañeros ejidatarios”.

Aún falta por aclarar, advierte, el supuesto desvío de recursos que hiciera Patricio Reyna Delgado, su primo y anterior jefe ejidal, de un proyecto de reforestación de nopal, con dineros provenientes de la Conafor.

También el caso de algunos rancheros del ejido, tercos a meter sus hatos de ganado en áreas de restablecimiento de agostadero, otro proyecto realizado, hace apenas dos años, con fondos de los ejidatarios y la Comisión Nacional Forestal.

Además del asunto de su mujer, Vicenta Sánchez Limón, a quien el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, le entregó un certificado de primaria con 9.1 de calificación, cuando ella es analfabeta.

“Quiero hacer una denuncia no nada más pública sino jurídica, no les tengo miedo. Si nadie me quiere acompañar a denunciarlos, no me importa porque, primeramente Dios, le voy a dar hasta donde tope esto”, remata.