La diputada federal por Coahuila,Verónica Martínez, propone hasta 30 años de prisión por ecocidio
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La iniciativa plantea sanciones para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles a ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales.
La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García propuso tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal Federal, con penas de 15 a 30 años de prisión, multas de 5 mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ocasionado al medio ambiente.
La iniciativa plantea sancionar a quienes, de manera dolosa, por acción u omisión, provoquen afectaciones graves, extensas o irreversibles a los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.
La legisladora priista señaló que, aunque el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, en los últimos años el país ha enfrentado daños derivados de actividades industriales irregulares, deforestación, contaminación de cuencas hidrológicas y otros desastres ecológicos que, dijo, en diversos casos quedan impunes o reciben únicamente sanciones administrativas.
“El progreso y la evolución de las sociedades no pueden justificar la destrucción de nuestro patrimonio natural ni poner en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones. Los intereses económicos no pueden estar por encima del equilibrio ecológico”, sostuvo.
PROPONE AGRAVAR LAS PENAS
Martínez García explicó que su propuesta contempla adicionar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal para definir el delito de ecocidio y establecer los criterios para determinar cuándo un daño es grave, extenso o irreversible.
Las sanciones aumentarían hasta en una mitad cuando el hecho ocurra en áreas naturales protegidas, sitios Ramsar o reservas de la biosfera; afecte especies en peligro de extinción; comprometa el suministro de agua para consumo humano o sea cometido por servidores públicos.
La propuesta también contempla sanciones para las empresas involucradas en la comisión de este delito, entre ellas la suspensión de actividades hasta por 10 años, clausura definitiva, prohibición para operar y cancelación de concesiones.
En los casos en que una persona moral sea utilizada para cometer el ilícito, se plantea incluso su disolución.
La diputada coahuilense señaló que la iniciativa busca dotar a las instituciones de procuración de justicia de herramientas para sancionar los delitos ambientales y fortalecer la protección de los recursos naturales.
El Grupo Parlamentario del PRI vinculó la propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
