‘Mi hijo lleva siete meses en prisión’: familia saltillense pide justicia ante presunto abuso de autoridad

Desde hace siete meses, Alfredo Herrera permanece en un proceso legal en prisión preventiva, luego de que su ex pareja, madre de sus tres hijos y coordinadora en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, lo amenazó con meterlo a prisión tras ser retirada de una vivienda propiedad de la familia.

El caso dio inicio poco antes de terminar el 2022, cuando, ante la enfermedad del padre del imputado, la familia comenzó un procedimiento legal para recuperar la vivienda que tiempo atrás le había sido prestada al matrimonio de forma temporal.

De acuerdo con Angélica Vargas, madre de Alfredo, el conflicto dio inicio luego de varios meses en que la pareja se divorció, y la familia manifestó la intención de vender el domicilio para solventar una serie de gastos médicos de su esposo ahora fallecido, quien en aquel entonces se enfrentaba a una lucha contra el cáncer.

“Nosotros les prestamos el domicilio cuando estaban casados, con el fin de que se establecieran durante un tiempo. Después de que se divorciaron, pasaron meses y nos dimos cuenta de que ella no vivía ahí, sino que el domicilio era usado como una especie de bodega, y fue cuando quisimos venderla para solventar los gastos que necesitábamos para la enfermedad de mi esposo”, dice Angélica.

Sin embargo, el retiro voluntario del domicilio no ocurrió por parte de Ana “N”, la expareja, por lo que después de un juicio mercantil, la madre de Alfredo obtuvo una resolución a su favor que permitió que una actuaria acudiera al domicilio a retirarla.

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“Ahí empezó el calvario. Yo tuve que acudir al domicilio para observar el acto legal, y ahí, la mujer, en medio de insultos, me amenazó de que metería a mi hijo a la cárcel”, dice, a la par de recordar que durante el proceso de divorcio no hubo procedimientos legales ni tampoco denuncias por violencia.

En la narración de los hechos, la madre de Alfredo recuerda que, después del desalojo y las amenazas emitidas, Ana acudió al nuevo domicilio donde habitaba Alfredo solo, al que ingresó con sus hijos y realizó cambios en los cerrojos. De acuerdo con la denuncia que interpuso Ana contra Alfredo, fue en dicho lugar donde aseveró que fue violentada.

Pocos días después del suceso, Alfredo fue detenido por el delito de violencia familiar, y no fue hasta que la familia investigó sobre su paradero que lo encontraron saliendo de una audiencia donde le fue dictada la prisión preventiva, sin que tuviera oportunidad de citar a un abogado particular, ni a la visita familiar.

Ninguno de estos datos sobre arbitrariedades fueron observados por los jueces, como es el caso de Lilia Verónica Sánchez, quienes han desarrollado las audiencias en las que el proceso, además, se ha ido alargando paulatinamente sin que se obtenga un cambio de medida cautelar que es posible cuando el delito no es considerado como grave por el Código Penal.

Los datos que obran en la carpeta de investigación con la que fue imputado Alfredo indican que, según Ana, fue amenazada y apuntalada con un arma de fuego; sin embargo, esta versión únicamente fue asentada por un testigo que es familiar directo de la misma, y solo con ese dato fue que le aprobaron la medida cautelar. En la indagatoria, no existe el arma, ni una pericial que acredite el uso de la misma.

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“Yo considero que esto es un abuso de autoridad”, indica Angélica, luego de varios meses en que, además, no ha obtenido una asesoría jurídica adecuada o algunos de los abogados no han podido avanzar sin que su hijo tenga que aceptar una salida alterna que implique su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con Angélica Vargas, en algunas de las audiencias previas donde se planteaban las salidas alternas, Ana hizo la petición expresa a los representantes de Alfredo para que el caso pudiera concluir, solo a cambio de la casa de Acequia Alamitos.

Las arbitrariedades fueron presentadas ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado para que se investigue un posible abuso de autoridad por parte de la elemento, quien ha sido coordinadora de ministerios públicos de Ramos Arizpe, y también ha trabajado para el área de robos de la delegación Sureste del órgano.

Además, la madre de Alfredo también llevó una petición al Gobierno del Estado para que actúe sobre el caso, ha acudido a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas -que investiga responsabilidad de funcionarios públicos-, así como a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, sin que hasta ahora reciba una respuesta.

En ese sentido, Angélica dice que debido a toda la serie de irregularidades y arbitrariedades sobre el caso, hoy se encuentra en una situación en la cual teme por su vida y la de su familia, mismo en la que se ha enfrentado a amedrentaciones e intimidaciones en sus actividades, debido a que la amenaza anterior sí fue cumplida.

La siguiente audiencia sobre el caso será el próximo 30 de junio en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.