‘Nueva Ley de Aguas, protege más al rico que al desprotegido’, afirma el diputado Jericó Abramo

Durante los últimos dos días, diputados y senadores discutieron la nueva Ley de Aguas, en un debate marcado por la falta de claridad en el traspaso de concesiones; anoche, la ley fue aprobada en lo general en el Senado. El diputado federal priista por Saltillo, Jericó Abramo Masso, consideró que, aun con las modificaciones recientes, el dictamen “protege más al rico que al desprotegido”.

La propuesta de reforma impulsada por Morena generó fuertes críticas por su presunto carácter inconstitucional y por acusaciones de otorgar un control excesivo al Gobierno sobre los derechos de concesión, lo que impactaría severamente al sector hidroagrícola.

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Según Abramo, el centro de la polémica es el Artículo 22, al que calificó como el “más venenoso” de la iniciativa original. Dicho artículo establecía inicialmente que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”. Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó una modificación para permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de reasignar esos derechos.

No obstante, el legislador afirma que la reforma sigue favoreciendo a los grandes intereses, pues la facultad de venta solo se otorga a las empresas. En la discusión de este jueves, senadores del PRI y PAN señalaron que, si bien los campesinos podrán heredar las concesiones, sus familias deberán enfrentar un proceso burocrático complejo.

En contraste, la senadora de Morena, Blanca Díaz Delgado afirmó que no habrá afectaciones a los productores agrícolas y que se implementará un mecanismo expedito de reasignación, con un plazo máximo de 20 días y respetando el volumen y uso del agua.

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Por su parte, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma abre la puerta a sanciones discrecionales; mientras que la priista Carolina Viggiano denunció que la iniciativa tiene un carácter recaudatorio.

CONTROL GUBERNAMENTAL

De acuerdo con Abramo, la principal preocupación es que la reforma otorga mayor control al Gobierno, ampliando su capacidad de sanción sobre el sector hidroagrícola, lo que podría afectar su competitividad. La inquietud no es menor: de cada 100 litros de agua consumidos, 75 se destinan a la agricultura, ocho al consumo humano y cinco al uso industrial.

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El legislador también criticó que el aumento de facultades no venga acompañado de recursos. Recordó que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para 2026 será de alrededor de 36 mil 850 millones de pesos, 44 por ciento menos que en 2024.